Agraviados y molestos porque ni tan siquiera se haya abierto una negociación. Así se sienten los funcionarios de la administración autonómica, que siguen reclamando sin éxito a la DGA que les abone el 25% de la paga extra que dejaron de cobrar en 2012 por las medidas de ahorro, mientras ya han cobrado los trabajadores dependientes del Gobierno central, y los del resto de instituciones aragonesas.

Ante la falta de respuesta del Ejecutivo autonómico, que sigue condicionando el pago al cumplimiento del objetivo de déficit y que no ha previsto partida presupuestaria alguna para este 2015, los representantes sindicales anunciaron ayer que elevarán el tono de sus protestas ante la cercanía de la campaña electoral.

"No hay fecha, ni mesa, ni negociación. La postura de la DGA se mantiene rígida y no han hecho ni un gesto", lamentó la presidenta de la gestora de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Alicia Hernández, que participó ayer en una nueva concentración al mediodía ante las puertas del Edificio Pignatelli. En la protesta, pudieron verse pancartas, que ridiculizaban a la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, y a su socio de gobierno y líder del PAR, José Ángel Biel.

Aunque no quiso avanzar nada más, sí anunció que irán endureciendo las medidas de presión conforme se acerque la campaña para el 24-M. "Vamos a seguir movilizándonos hasta que el Gobierno cambie, no queda más remedio, además, con unas elecciones autonómicas por en medio creo que les interesa tener contentos a los empleados públicos", dijo. Según concretó, son 44.000 los trabajadores afectados, a una media de unos 1.200 euros cada uno.En los tribunales

La representante sindical auguró que si el Gobierno de Aragón "no paga", "al final" los jueces darán la razón a los trabajadores y "no le quedará más remedio" a la administración que terminar abonando las remuneraciones pendientes. Hay que recordar, en este sentido, que los sindicatos ya ganaron un conflicto colectivo para el personal laboral en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Pero la DGA recurrió y la cuestión se dirimirá en el Tribunal Supremo. Para los funcionarios, se presentaron recursos por cada ámbito por los tres sindicatos mayoritarios, pero todo está paralizado a expensas de lo que dirima el Tribunal Constitucional.

Solo Andalucía se mantiene en las mismas. Aunque la presidenta de la Junta anunció en su día que pagaría, aún no se ha firmado ningún acuerdo al respecto.