La Asociación Unificada de Militares denuncia la falta de información a las familias del cuartel

"Lo poco que saben les llega a través de radio macuto, bulos o los medios de comunicación". El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, denunció ayer la falta de información y atención a las familias de los militares del cuartel Sancho Ramírez de Huesca. El portavoz de la organización profesional viajó a Huesca para entrevistarse con la alcaldesa, Ana Alós, y reunirse con los representantes de los 250 profesionales del acuartelamiento, que Defensa tiene previsto cerrar en 2016, y los portavoces de la Plataforma de Afectados por la clausura de las instalaciones.

Bravo señaló que un traslado es una situación con la que los militares están "acostumbrados a convivir", pero que "no deja de ser traumática para el militar y su familia y más cuando es un traslado masivo, como en el caso de Huesca". Según dijo, el hecho de estar sujetos a una movilidad geográfica "no significa que no debamos tener atendidas unas necesidades mínimas".

Estas se hallan recogidas en la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. "Pero hay una dejación y un total incumplimiento, y los militares y sus familias están desprotegidos y al albur de los problemas que conlleva esa movilidad", afirmó Bravo. En opinión del presidente de la AUME, Huesca "puede convertirse en el paradigma de la desatención de los militares y de sus familias".Un "jarro de agua fría"

El máximo representante de la asociación militar aseguró desconocer los motivos del traslado del Sancho Ramírez a Zaragoza y tampoco valoró "si es bueno o necesario". Pero sí criticó "la falta de información que están sufriendo los afectados". El artículo 32 de la Ley Orgánica de 2011 obliga a la administración a facilitar los traslados mediante convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas. Entre otras cuestiones, ha añadido, para "proteger" la escolarización de los hijos de los militares afectados por los traslados.

Bravo afirmó que a la falta de expectativas y de futuro profesional provocada por las leyes de Tropa y Marinería y de la Carrera Militar, "se añade el jarro de agua fría que es un desplazamiento geográfico masivo". "La falta de moral es patente dada la situación por la que atraviesan", dijo.

Tras las reuniones desarrolladas en Huesca, el presidente de AUME intentará conseguir que Defensa les confirme si realmente se va a producir este traslado. A través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, donde la asociación está representada, se hará llegar al Ministerio la situación que se vive en Huesca. "Según lo que esta tarde (por ayer) nos trasladen los compañeros, nos plantemos llegar hasta donde haga falta", apostilló Bravo.

Jorge Bravo explicó que ha conocido situaciones similares a la del Sancho Ramírez en otras ciudades de España. En este sentido, aseguró que "la movilización ciudadana y los apoyos conseguidos por las plataformas para frenar el cierre de cuarteles han dado su fruto".

Aunque fue cauto a la hora de pronosticar si ocurrirá lo mismo en Huesca, insistió en que la presión ciudadana puede hacer llegar a los responsables de las decisiones "un conocimiento más exacto de una situación que se les escapa por no haber cumplido con la normativa y haber descendido al ruedo, donde están los compañeros".Lo mismo, pero de otra manera

La denuncia por la falta de información sobre el futuro del cuartel que ayer hizo la AUME coincidió con la publicación de la respuesta del Gobierno a la pregunta que diputado de la Izquierda de Aragón en el Congreso Álvaro Sanz hizo el 10 de diciembre sobre la presencia del Sancho Ramírez en Huesca "más allá de 2015". La contestación no es igual pero tampoco es distinta a la que se dio a finales de noviembre al PSOE: "El acuartelamiento seguirá operativo como mínimo a lo largo de 2015".

Es lo mismo expresado de distinta manera y supone que, como ya le dijo el ministro Pedro Morenés a la alcaldesa de Huesca el pasado día 2, las instalaciones se clausuren a lo largo del año que viene, según los planes de reorganización del Ejército. Es algo a lo que Alós afirma que se opondrá rotundamente.

Por su parte, el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno aragonés, Javier Lambán, responsabilizó ayer al ministro de Defensa y a la presidenta de Aragón de la decisión de cierre del Sancho Ramírez. Aseguró que Luisa Fernanda Rudi "ha tomado parte en la decisión del cierre" y que al mismo tiempo ha dado "órdenes" a la alcaldesa de Huesca para encabezar la movilización a favor del mantenimiento de las instalaciones con el fin de "no perder votos" en la capital altoaragonesa.