“Los tres funcionarios del Catastro están desbordados”

El Ayuntamiento de Caspe ya lanzó su propio proceso de regularización catastral en las urbanizaciones El Dique y Playas de Chacón y detectó 200 inmuebles urbanos que no pagaban el IBI. Sin embargo, el procedimiento impulsado por el Catastro –que aún no se ha completado– ha aflorado otras 2.000 construcciones que no tenían sus datos bien declarados. Los infractores empezaron a recibir las cartas a finales de diciembre, y desde entonces el municipio está revolucionado.

"En el servicio de Catastro del Ayuntamiento tenemos tres funcionarios y están desbordados por las reclamaciones de la gente –explica el teniente de alcalde de Caspe, Javier Sagarra–. Los afectados dicen que las valoraciones catastrales que les han aplicado son desorbitadas y que en muchos casos incluso superan el valor real de los inmuebles regularizados".

Como en muchas otras localidades, la regularización también ha afectado, directa o indirectamente, a varios miembros de la corporación, entre ellos la propia alcaldesa, Pilar Herrero. "Mi madre tiene una torre (una casa de campo) a 25 kilómetros de Caspe y es verdad que no estaba dada de alta en el Catastro –explica la regidora–. Me parece bien que la regularicen, todos tenemos que pagar con el mismo rasero, pero el problema es que se la han valorado como un inmueble urbano y le han asignado un valor catastral de 28.000 euros". Según Herrero, esa cantidad está muy por encima del valor real de la torre. "Si la vendemos, ni de lejos nos darían ese dinero", insiste.

La queja de la alcaldesa se repite en muchos otros casos, lo que unido al gran número de inmuebles afectados ha llevado al equipo de gobierno a cambiar sus anteriores decisiones sobre el IBI agarrándose a una cuestión formal que, según asegura, le permite bajar el tipo impositivo que se aplicará este año. Además, el Consistorio va a pedir que se elabore una nueva ponencia catastral –la actual es de 1989–. "Así se ajustará a la situación actual del mercado inmobiliario, y además en su elaboración participará el Ayuntamiento", destaca Sagarra.

Desde la Gerencia Regional del Catastro aclaran que para fijar el valor catastral de los inmuebles regularizados se basan en la ponencia de 1989. "Puede que tenga algún error, pero es el documento válido a todos los efectos", recuerdan, y sostienen que los casos en los que se supera el valor real del edificio deberían ser "puntuales".

Aunque lo que más polémica está generando es la regularización de las casas de campo, el trabajo de campo en la que se basa el Catastro es tan riguroso que detecta cualquier pequeña ampliación en los inmuebles del casco urbano. "En 1999, cuando construimos la casa, a la terraza le dimos un metro y medio más de lo que estaba previsto en el proyecto –cuenta Jorge, uno de los afectados–. No lo declaré por ignorancia, pero ahora lo han detectado y ahora tendré que pagar un 10% o un 15% más de IBI, de 400 euros pasaré a unos 440 o 460, pero me parece bien, es justo".