CHA pide reformas para que los partidos puedan quitar el acta a un imputado

Los partidos que tienen el compromiso de cesar a sus cargos en cuanto son imputados por un posible caso de corrupción tienen un problema: la ley dispone que debe ser el encausado el que renuncie al acta porque esta le pertenece a él, y no al partido, que lo único que puede hacer es presionarle para que se vaya y no incluirle en la próxima lista. Por esta razón, el presidente de CHA, José Luis Soro, exigió ayer al resto de formaciones que apoyen reformas –como las que ha presentado su grupo esta legislatura– que den potestad a los partidos para retirar el acta a sus cargos si se diera este caso."No hay forma de hacerlo con la ley actual y solucionarlo es un problema de voluntad política", argumentó, para añadir a renglón seguido que"la clave" también está en que los ciudadanos no voten listas en las que haya encausados.

Soro presentó ayer el código ético que deben firmar todos los cargos públicos de CHA. En él se incluyen compromisos como el de dimitir si se es imputado en un caso de corrupción, renunciar al privilegio del aforamiento o no cobrar dietas por su participación en entidades de carácter público.

Chunta también obliga a que todos sus cargos hagan públicas sus retribuciones de cualquier naturaleza. Además, establece un principio ético para evitar las puertas giratorias: el cargo debe comprometerse a no prestar, durante los cinco años siguientes a la fecha del cese, servicios laborales en empresas privadas relacionadas con las competencias políticas que tenía (ni a formar parte de sus órganos de administración)."Son todos principios que exigimos ya, porque la honradez y la transparencia están en el ADN de CHA, pero hemos querido ponerlos por escrito", dijo Soro.

El partido también obliga a sus cargos a dimitir si incurren"en cualquier supuesto de transfuguismo" y, precisamente, CHA ha vivido en los últimos días un conflicto por este tema, en el que también se ha entremezclado el hecho de que el acta pertenezca a la persona y no al partido. En concreto, Soro exigió a Marta de Santos, alcaldesa de CHA en Murillo de Gállego, que dimitiera tras conocer que había decidido pasarse a Podemos. Se basó para ello en el propio código ético de la formación y en que la RAE define al tránsfuga como"persona que pasa de una ideología o colectividad a otra".

Esta exigencia se la transmitió el pasado lunes y De Santos asegura que ese día presentó su dimisión, aunque no se hizo efectiva hasta el miércoles. La exalcaldesa argumenta que no se le puede tildar de tránsfuga "de acuerdo con la ley", ya que asegura que su decisión de estar en las primarias autonómicas de Podemos no iba a suponer que le diera la Alcaldía a otro partido."Es muy doloroso que uno de los tuyos haga cosas malas, pero hay que hacer cumplir el código ético", zanjó ayer el presidente de CHA.