El juez que instruye el llamado caso Naves, Francisco Picazo, tendrá esta semana sobre su mesa el escrito de acusación de la Fiscalía, el último que le queda por recibir, puesto que tanto el Gobierno aragonés, como la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y Unión Progreso y Democracia (UPyD) han anunciado ya las penas que piden para los cuatro encausados: el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco, el que fuera gerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el entonces director técnico de la sociedad pública, Miguel Ángel Pérez Cervantes, y el dueño de Codesport, Agapito Iglesias. Según ha podido saber HERALDO, el ministerio público considera que existen pruebas suficientes para acusar a todos ellos de un delito societario y otro de malversación de caudales públicos, por los que propondrá que se les impongan sendas condenas de doce años de prisión.

Como mantenía el juez instructor y corroboraron después el resto de acusaciones a través de sus respectivos escritos, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que los cuatro imputados concibieron un plan para desviar fondos públicos por un importe de en torno a 17 millones de euros. Lo hicieron, concluyen, a través de un contrato adjudicado a Codesport para que construyera 119 naves en una parcela de Plaza, encargo que estaba presupuestado inicialmente en 14.525.267 euros (más IVA) y por el que Plaza acabó pagando 32.329.270 euros. Según el ministerio público, los ahora acusados fueron responsables de este desmesurado e injustificado sobrecoste, ya que se pusieron de acuerdo para introducir modificados que estaban prohibidos en el contrato, facturaron por obras fantasmas y giraron recibos por partida doble.

A la hora de justificar las irregularidades y el sobreprecio, la acusación pública se apoya en los distintos atestados de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía y en el informe pericial que el propio juez encargó al arquitecto zaragozano Teodoro Ríos, quien destapó un cúmulo de desmanes en la ejecución y facturación de las naves. Para la Fiscalía, este sobrecoste se satisfizo con fondos públicos de los que dispusieron ilegítimamente Carlos Esco, Ricardo García Becerril, Agapito Iglesias y Miguel Ángel Pérez Cervantes.

Todas las acusaciones coinciden en que los desfases se registraron "desde la primera certificación ordinaria" de las obras. Pero el coste se disparó aún más con las cuatro facturas emitidas por el exdueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, a la conclusión de los trabajos en el año 2008. Los pagarés a favor de Codesport ascendieron a 8,7 millones y llevaban la firma de los imputados Becerril y Esco. La Fiscalía recuerda que estas facturas no pasaron por el consejo de Plaza a pesar de que este se reunió al día siguiente de su emisión y la cantidad era considerable.Otro juzgado busca el dinero

El titular del Juzgado de Instrucción número 5, encargado de las pesquisas, no consiguió localizar el dinero del que presuntamente se apoderaron los ahora acusados. Ello hizo que la Fiscalía se opusiera al primer intento de cerrar la investigación y no llegara a presentar entonces su escrito de calificación provisional (lo que sí había hecho el resto de acusaciones). El asunto llegó a la Audiencia Provincial, que propuso nuevas pruebas en un intento, hasta ahora infructuoso, por localizar los millones que se cobraron de más. Finalmente, para impedir que esta laboriosa búsqueda bloqueara el caso Naves, se decidió abrir una pieza separada con el único fin de averiguar si los encausados habían blanqueado los presuntos beneficios de su ilegítimo plan.

La causa derivada de la principal se tramita en el Juzgado de Instrucción número 2, que mantiene secretas las pesquisas y rastrea las cuentas y bienes de los imputados en busca del dinero.