El portavoz del PSOE, Javier Sada, consideró que "la Unión Europea no ha estado acertada en sus apreciaciones" y defendió que el tributo "es un impuesto ambiental, en ningún caso discriminatorio". Además, Sada recordó que el impuesto aragonés –aprobado en la época del Ejecutivo PSOE-PAR– cuenta con el aval del Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal se pronunció tras el recurso que interpusieron diputados del PP y la asociación de grandes superficies.

El presidente de CHA,José Luis Soro, recordó que el impuesto "es medioambiental, por lo que no tiene como objetivo recaudar dinero sino conseguir que pague quien contamina". Soro explicó que la primera lectura que hace la UE sobre este asunto "no tiene ningún sentido". "Es un grave freno por parte de la Comisión Europea hacia la fiscalidad verde", se lamentó. Además, consideró que "es un ataque directo a la autonomía financiera de Aragón".

El diputado de IU, Adolfo Barrena, recordó a la UE que el tributo lo que grava "es la afección ambiental que provocan, sobre todo por los aparcamientos y el tráfico que generan". Además, Barrena avanzó que el grupo de IUen el Parlamento Europeo va a solicitar formalmente a la Comisión "que retire la recomendación realizada a España de que las autonomías no apliquen este impuesto".

Barrena consideró que el planteamiento de Bruselas "es muy grave". "La UE alude a que se debería aplicar también al pequeño comercio, así que no entiende que es un tributo por afecciones ambientales, no por metros cuadrados", dijo. Este diputado recordó además que fue IU quien propuso que se aplicase en Aragón y que el impuesto ya cuenta con el aval expreso del Tribunal Constitucional.

Las reacciones surgen después de que el pasado jueves la Comisión Europea informase que, atendiendo una petición de la Asociación Nacional de Grandes Superficies, había enviado una carta al Gobierno de España solicitando que varias comunidades retirasen el impuesto a grandes superficies.

En el caso de Aragón, la previsión es que durante 2015 se ingresasen algo más de 10 millones por este concepto. El impuesto, que siempre ha sido rechazado por estas superficies comerciales, ha sufrido varios quebrantos, una vez que algunos centros comerciales implantados en Aragón se han negado hasta ahora a pagar la parte que les corresponde.