La DGA ejecutó el 62% del Plan Impulso y desvió 73 millones para pagar nóminas

El informe provisional de la Cámara de Cuentas sobre 2012 y 2013 censura que el Ejecutivo incumplió la ley al abonar gasto corriente con deuda. El dictamen detecta 92 millones de euros en facturas en los cajones, 21 sin aflorar.

Se vendió como el proyecto estrella del Gobierno de Rudi para combatir el desempleo y reactivar la economía, se cifraron sus resultados en 4.000 empleos creados y una ejecución prácticamente completa, pero lo cierto es que –a tenor del informe provisional de la Cámara de Cuentas sobre la cuenta general de la DGA de 2012 y 2013–, el resultado del Plan Impulso ha quedado lejos de su idea inicial. 150 millones distribuidos en 35 medidas, de los que solo se ejecutaron el 62,42% (91,75 millones).


Pero hay más, según el informe provisional –está pendiente de las alegaciones de la DGA–, de los 190 millones de euros de endeudamiento que se aprobaron (150 para el programa estrella y 40 para el fondo de empleo y de inclusión social) gracias a la flexibilización del objetivo de déficit, 73,3 se destinaron a pagar nóminas de profesores y médicos. Y seis millones más se dedicaron a ampliar partidas del presupuesto que estaban "insuficientemente dotadas" en el presupuesto de 2013. Desde el Gobierno de Aragón defendieron que se trata de un informe provisional y que se está alegando.


La Cámara de Cuentas advierte además de una ilegalidad que ya señaló este diario durante la tramitación de la ley que daba cobertura al Plan Impulso. "La Comunidad destinó un total de 137,18 millones de los 190 financiados a través de esta operación de endeudamiento para atender gastos de naturaleza corriente en contra de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, del Estatuto y de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Aragón", que establecen que los recursos obtenidos a través de endeudamiento deben destinarse solo a inversión.


El órgano fiscalizador censura, además, que la DGA no destinara estos nuevos recursos a tratar de enjugar el déficit de la Comunidad. Más cuando en julio de 2013 los datos del Ministerio ya "ponían de manifiesto la existencia de dificultades para cumplir con los nuevos objetivos fijados". El dictamen denuncia también "la ausencia de análisis final de resultados y cumplimiento de objetivos" del plan y de una explicación de por qué no se ejecutaron determinadas medidas y se sustituyeron por otras no previstas inicialmente.


En este sentido, advierte de "la dificultad de seguimiento de la ejecución del Plan Impulso" puesto que no se concreta en partidas presupuestarias el destino de los 190 millones sino que se articulan a través de denominaciones genéricas. No obstante, la Cámara concluye que "casi en su totalidad" se utilizaron para "atender gastos de naturaleza ordinaria y recurrente, que habían sido dotados de forma insuficiente en el presupuesto de 2013" y para ampliar créditos que después se dieron de baja "para cubrir las transferencias a otras partidas infradotadas". También constata "la imposibilidad" de verificar que la tramitación a través de un suplemento de crédito o créditos extraordinarios se ajuste a la legalidad y denuncia la falta de fiscalización previa..


En un extenso y exhaustivo informe sobre la cuenta general, la Cámara también advierte de numerosas deficiencias en la gestión de las cuentas por parte del Gobierno de Rudi en 2012 y 2013.

Facturas sin contabilizar ni imputar al presupuesto

La Cámara cifra en 92,46 millones de euros las facturas sin imputar al presupuesto, de los que 21,34 correspondientes a 2013 ni siquiera se afloraron: 29,89 proceden de 2012 y 41,23 de 2013. Además, la Cámara advierte de que en 2014 solo se habían imputado ya en el presupuesto 15,22 millones de los 41,23 que la DGA había reconocido.

395 millones de recortes en Sanidad

El órgano fiscalizador constata en su informe provisional una reducción generalizada de las políticas de gasto de la DGA entre 2011-2013 (Ejecutivo PP-PAR), siendo la más importante la que se aplica en sanidad (395,6 millones, un 19,61%). Mientras, el mayor incremento se produce en la deuda pública. En estos tres años, aumentó 232,71 millones (un 8,4%).

Una transferencia encubierta al Salud

La tramitación del mecanismo de pago a proveedores de 2012 es otra de las cuestiones en las que más incidencias detecta la Cámara. Considera que su reflejo presupuestario "ha generado un resultado presupuestario sobrevalorado que no refleja la imagen fiel". Además, indica que de los 250 millones que se articularon a través de un suplemento de crédito para el Salud, solo eran necesarios para pagar facturas 123,82 millones. Señala que esta operación no puede tener relación con la cancelación de deudas porque el decreto "se publica y entra en vigor una vez cerrado el presupuesto de 2012". Advierte, asimismo, la "incorrecta" contabilización del mecanismo de pago a proveedores y denuncia la falta de documentos que soporten las relaciones financieras de la DGA con sus entidades a las que les transfirió dinero para pagar sus deudas. Además, constata la inexistencia de la autorización de las Cortes.

170 millones de dudoso cobro sin provisionar

El órgano fiscalizador constata "una situación de desequilibrio patrimonial" en las cuentas como consecuencia de la evolución negativa de los fondos propios. En total, la Cámara lo cifra en 1.920 y 2.374 millones en 2012 y 2013, respectivamente, pero advierte de que en el último año no se incluyeron pérdidas por 443,43 millones como consecuencia de que no se contabilizaran correctamente los anticipos a cuenta que debía devolver la DGA de 2008 y 2009 y se infravaloró en 170 millones la dotación de provisión de dudoso cobro. También señala que el remanente negativo de tesorería de los dos años auditados (738,9 en 2012 y 686,32 en 2013) "genera tensiones financieras a corto plazo, por lo que deberían adoptarse medidas correctoras para corregir este desequilibrio".