Dos años de libertad vigilada para un menor por una brutal paliza en un bar

La causa penal abierta contra otros 8 implicados mayores de edad sigue en fase de investigación judicial.

La víctima, a la izquierda, entrando ayer al Palacio de Justicia acompañado de dos familiares
Dos años de libertad vigilada para un menor por una brutal paliza en un bar
Rafael Gobantes

El Juzgado de Menores condenó ayer a cumplir dos años de libertad vigilada a un joven por participar en la brutal paliza que un grupo de personas propinó en un bar del Tubo de Huesca en el verano de 2013 a un hombre de 43 años de origen ecuatoriano aunque con nacionalidad española que estuvo cuatro semanas en coma y que ha recibido la incapacidad total. El menor procesado cumple hoy casualmente 18 años.


En una sesión a puerta cerrada, el fiscal y la defensa llegaron a un acuerdo para castigar el delito de lesiones cometido por el joven con dos años de libertad vigilada "durante los que la Administración de Justicia procurará que lleve una vida adecuada y su reinserción social", explicó Ricardo Orús, abogado de la víctima.


En su relato de hechos, la Fiscalía consideró acreditado que sobre la una de la madrugada del 20 de julio de 2013, el menor estaba con otras personas que no se han podido identificar en el interior del bar La Luna, situado en la calle de Padre Huesca. Y por causas que tampoco han podido ser bien determinadas aunque "actuando de común acuerdo con el propósito de causar menoscabo en la integridad física", comenzaron a discutir con la víctima y otra persona a los que propinaron una serie de golpes. Aunque uno de ellos no sufrió lesiones, el hombre ecuatoriano cayó al suelo "donde tanto el menor como las personas con las que estaba empezaron a propinarle patadas en la cabeza".


Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragias internas y otras lesiones graves que requirieron 188 días para su curación, 97 de ellos de hospitalización. Actualmente, según el fiscal, el hombre presenta numerosas secuelas neurológicas, físicas y psicológicas.


Además de estas lesiones, el abogado de la víctima presentó un informe del médico forense en el que indica que su cliente se encuentra incapacitado permanentemente para realizar cualquier trabajo y que precisamente por ello desde el pasado 3 de junio se le reconoció una pensión de invalidez absoluta. Además, el forense constata que el perjudicado necesita ayuda de terceros para el desarrollo de su vida habitual. Por todo ello, el letrado solicitó ayer una indemnización de 856.724,40 euros y que se declare la responsabilidad subsidiaria de los padres del menor. Sin embargo, en este caso no hubo acuerdo con la defensa por lo que se fijó una nueva vista para febrero.


Este es el primer juicio que se celebra para determinar los autores de esta paliza por la que la Policía Nacional detuvo en su día a cinco menores –solo uno de ellos ha sido juzgado al final– y ocho mayores de entre 18 y 25 años, todos ellos de etnia gitana. La causa penal contra estos últimos aún sigue en fase de instrucción.