El Inaem repartió a dedo más de una cuarta parte de las subvenciones en 2012 y 2013
La Cámara de Cuentas advierte que los principales beneficiarios fueron los agentes sociales, que también recibieron ayudas directas del Plan Impulso sin que se justificara su excepcionalidad
El órgano fiscalizador incide en que este porcentaje podría ser incluso mayor, puesto que en casi un 24% de las subvenciones de 2012 no se identifica si se concedieron de forma directa o por concurrencia competitiva. Pese al varapalo, señala que ha comprobado que la utilización "recurrente" de los contratos-programa se ha corregido en parte a lo largo del pasado ejercicio, ya que han pasado a gestionarse mediante concurrencia competitiva. Como ejemplo, cita las acciones y proyectos formativos de los agentes sociales.
El informe dedicado al Inaem disecciona su gestión a lo largo de 152 folios y centra los reparos en la política de subvenciones y ayudas, que ascendieron a 125,3 millones de euros en 2012 y 2013. Del global, el órgano fiscalizador analizó siete líneas de subvenciones que suman más de la mitad del importe total, en las que encontraron todo tipo de incidencias que incumplen hasta con el propio plan de racionalización del gasto corriente que vendió el Gobierno de Rudi como uno de los pilares de su gestión.
En la lista se incluyen gastos por dietas y desplazamientos de los agentes sociales que "no pueden considerarse directamente relacionados con la actividad principal subvencionada" (lo estiman en 7.000 euros), costes salariales de directivos por un importe superior al autorizado y anticipos de subvenciones por encima del límite fijado en el 25% del importe total.
También se cita que una de las fundaciones privadas sin ánimo de lucro de las confederaciones sindicales (IFES) imputó a uno de los contratos-programa como costes indirectos los gastos de su sede central en Madrid, "que no deberían considerarse elegibles con cargo al Plan de Formación e Inserción Profesional".
Las duplicaciones de beneficiarios se repiten en otros programas del Instituto de Empleo, como en el Plan de Orientación Laboral correspondiente a 2013.
El órgano fiscalizador también reconoce que el volumen de información que deben presentar los beneficiarios es "considerable" y consume buena parte de los esfuerzos, impidiendo centrarse en un mayor control que redundara en un mayor aprovechamiento de la formación. En este sentido, valora positivamente los "avances realizados por el Inaem en cuanto al establecimiento de un sistema de justificación por módulos de cara al futuro".
El informe recomienda implantar los procedimientos de control necesarios para que, antes de conceder una subvención, se compruebe que el beneficiario cumple las condiciones de la Administración, sin olvidar la necesidad de "reforzar" los mecanismos de control. También insta a que el Inaem se atenga al plan de contabilidad pública de la DGA y ofrezca información homogénea en el estado de liquidación del presupuesto y en la memoria. En aras a la transparencia, plantea que las subvenciones concedidas se deberían publicar en el boletín oficial.
Entre sus recomendaciones incluye igualmente que el instituto tenga un papel más activo en el registro contable de sus operaciones y que continúe con el proceso de regularización iniciado en 2012 en aras a reflejar la imagen fiel del patrimonio de la entidad.
