Uber considera "desproporcionada" la orden judicial para el cierre de su web

Uber, compañía que pone en contacto a usuarios y conductores a través de una aplicación en internet, calificó ayer de "desproporcionada" la decisión judicial que ordena el cierre del sitio web y avanzó que continuarán ofreciendo sus servicios hasta que tengan la notificación oficial.

Uber subrayó, a través de un comunicado, que había conocido a través de los medios de comunicación la decisión del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid así como el auto previo que ordenaba el cese de actividades del sistema Uber en todo el territorio nacional. Según la compañía la decisión judicial es "desproporcionada y discriminatoria" pero, además, "trata de frenar la innovación y la propuesta de nuevos servicios tecnológicos en España".

En los últimos días, el juzgado de lo Mercantil número dos de Madrid ha enviado a las empresas de telecomunicaciones –entre ellas Movistar, Vodafone, Orange, Jazztel, Ono, Euskaltel, Servired o Visa– que dan servicio a Uber y a las compañías que gestionan sus pagos la orden de que dejen de prestar servicios a la plataforma de transporte compartido. La decisión es consecuencia del auto del 9 de diciembre, que prohibía la actividad de Uber en todo el territorio nacional.

En su comunicado, Uber criticó la "celeridad inusual" de ciertos operadores de telecomunicaciones en cerrarle las puertas. Además la compañía norteamericana afirmó que aún no ha recibido notificación formal de la prohibición cautelar por parte del juzgado, cuando han pasado casi tres semanas de que dicho auto fuera recogido por los medios de comunicación. Una resolución que, según Uber, "viola la Constitución Española y los artículos 6 y 13 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que garantizan el derecho de una defensa judicial justa".

Asimismo, insistió en que la Comisión Europea ha solicitado a los Estados miembros que regulen de forma "proporcionada y no discriminatoria" los nuevos servicios tecnológicos. Por todo ello, considera que la resolución judicial "entra en conflicto con las leyes europeas" y afirma que seguirá en funcionamiento de acuerdo con "la legislación europea y española".

Uber, creada en California en 2009 y valorada ya en 32.200 millones de euros, también ha sido prohibida en otros países como Francia y Bélgica. Está participada por gigantes empresariales como Google o Goldman Sachs. Su irrupción ha levantado en armas a los taxistas de medio mundo.

En España la Asociación Madrileña del Taxi (ATM) presentó el pasado 7 de octubre una demanda contra la compañía por la que el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid ordenó de forma cautelar el cese y la prohibición a nivel nacional de Uber.

El auto justifica la aplicación de estas medidas cautelares previas, es decir, emitidas sin haber escuchado a la empresa, argumentando que "la fluidez del mercado por internet, la velocidad de comunicación del sistema de Uber, empresa participada por el gigante Google, la ubicación en el paraíso fiscal señalado (Delaware)" aumentan el riesgo de competencia desleal. Subrayaba, sin embargo, que la decisión rehúye "un debate entre la libertad y la economía cooperativa frente a las regulaciones e intervencionismo administrativo", que excede el alcance de una decisión judicial.