El Gobierno aprueba la privatización parcial de Aena sin un motivo claro

Los 4.000 millones que espera obtener al ceder el 49% no son necesarios para el déficit

El calendario para la privatización parcial de Aena pasó ayer otro de sus hitos –la aprobación por el Consejo de Ministros del folleto de su salida a bolsa– sin que termine de estar clara la necesidad de una operación que sólo defienden desde el Gobierno, y no todos sus departamentos con la misma firmeza. En Hacienda, por ejemplo, no están precisamente entusiasmados, al descartar que los ingresos a obtener resulten decisivos para el déficit público.


Según el folleto de la operación pública de venta (OPV) que también recibió ayer el visto bueno de la CNMV, sería un máximo de 4.042 millones de euros lo que se ingresaría por el 49% que puesto a la venta. El 21% lo colocó a finales de octubre entre los que serán sus tres socios de referencia: un 8% la familia March a través de su vehículo inversor (la Corporación Financiera Alba), el 6,5% Ferrovial y otro 6,5% el fondo británico TCI. El otro 28% estará en el mercado antes del 11 de febrero, día de su estreno en el parquet.


Esta segunda parte se dividirá en tres tramos: el 90% para inversores institucionales (con un capital mínimo de 100.000 euros), el 9% para minoristas (a partir de 1.500 euros) y otro 1% para empleados del ente público (también desde 1.500 euros). Por todo ello, los responsables de AENA y su matriz, Enaire –que mantendrá en exclusiva el control del tráfico aéreo– prevén obtener hasta 2.310 millones. Eso si los precios llegan al tope previsto de 53,5 euros, pues la horquilla parte de los 42,5.


Son las últimas cifras revisadas al alza (un 3% mejores) por el propio ente aeroportuario, tras conocer hace pocos días sus resultados hasta el tercer trimestre de 2014. En esos nueve meses elevó casi un 9% su beneficio (hasta los 371 millones), pero su deuda total también creció en 380 millones dejando un saldo de casi 13.786 millones, un 3% más.


Las obligaciones de pago de deuda que acumula (con los bancos tienen pendientes 10.379 millones) son uno de los riesgos que AenaA reconoce en el folleto, amén de los laborales (CC. OO. y USO han iniciado los trámites para convocar 25 días de huelga hasta finales de agosto) y los derivados de la marcha del turismo, su principal fuente de ingresos. Protagonismo propio tiene el AVE, su gran competidor puesto que ve "probable" que, por cuestiones de precio, los viajeros lo elijan frente al avión en trayectos de menos de tres horas.


La ministra de Fomento, Ana Pastor, no acabó de dar una razón contundente para la privatización. Habló de "garantizar la viabilidad del modelo en red" y de "la calidad de los servicios", pero ambas cuestiones no las ponía en duda a principios de legislatura y con resultados peores en Aena. Aludió asimismo al "desarrollo internacional" de la compañía, aunque ya ha venido haciéndolo en solitario sin aparentes problemas (gestiona aeropuertos en varios países).


Apuntó incluso que los empleados de Aena seguirán siendo públicos, algo que dudan los sindicatos al temer más ajustes.