Esta asfixia económica se debe a varios factores. Los colegios profesionales citan, por un lado, la caída de las ventas, un descenso que está motivado por la crisis y la disminución del consumo (que ha retraído fuertemente las compras de productos de parafarmacia) y por la continua rebaja de los precios de los medicamentos.

Si bien es verdad, que la reducción de las ventas no ha sido igual de dura en todas las boticas –en este circunstancia intervienen factores de localización geográfica y situación de los establecimientos–, de media se calcula que en los últimos tres años, la facturación ha podido disminuir en 30%.

A esta caída, se une la demora de los abonos que debe realizar el Gobierno autonómico por las recetas expedidas. La DGA amplió sus plazos de pago hace un par de años, pasando de 20 a 50 días, por un problema de tesorería que en ese momento se dijo que era puntual y excepcional. Pero lo coyuntural se ha convertido en estructural y en la actualidad se sigue pagando así. A día de hoy, la DGA debe alrededor de 26 millones de euros a las farmacias aragonesas por recetas que fueron expedidas en noviembre y que, en principio, debería pagar mañana, día 20.

Estas dos circunstancias juntas están tensionando las cuentas de muchas de estas instalaciones sanitarias que, en paralelo, ven cómo siguen aumentando los gastos cotidianos de sus negocios y deben seguir invirtiendo en tecnología y en la adaptación de sus equipos informáticos para prestar una mejor atención a sus clientes.

Los profesionales de Teruel destacaron que mientras en las ciudades las farmacias pueden compensar el descenso de rentabilidad con la venta de otros productos –aparatos de ortopedia, cosméticos, o productos destinados a la higiene personal­–, en el medio rural las boticas dependen exclusivamente de la dispensación de medicamentos ya que los escasos usuarios apenas demandan otro tipo de servicios. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Teruel, Ángel Resa, explicó que mientras en farmacias urbanas la venta libre puede suponer hasta un 35% de los beneficios, estos ingresos apenas constituyen un 2% en las boticas rurales.

Denuncian que esta situación de inviabilidad se ve agravada por el retraso en el pago de las facturas de la DGA. A las boticas turolenses les debe 3 millones por las recetas de noviembre, mucho dinero para una provincia despoblada y con una economía poco dinámica, se quejan los boticarios.

Por su parte, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Ramón Jordán, apuntó que el descenso de los precios de los fármacos era el mayor responsable de los problemas económicos por los que están pasando las boticas de la Comunidad. Para Jordán, la actual situación es "tremendamente complicada" y no solo por el retraso de los pagos de la DGA, que en el caso de la provincia de Zaragoza ronda los 18,5 millones. "La demora agrava una situación que es estructuralmente mala", resumió.

Jordán apuntó que, según los datos de 2013, en la provincia de Zaragoza había 26 farmacias (de las 502) en situación VEC. Asimismo, avanzó que muy probablemente, este 5% cuya viabilidad económica es comprometida habrá aumentado durante el pasado año (el dato exacto se conocerá cuando se cierre definitivamente la facturación de diciembre).

En cuanto a Huesca, el presidente del colegio de esta provincia, Carlos Lacadena, calificó la situación de "complicada", sobre todo para las farmacias ubicadas en pueblos pequeños. En Huesca, casi el 15% de las boticas (19 de las 128 que hay en la provincia) son VEC. Lacadena hizo mención a otro aspecto que inquieta a los farmacéuticos: los intereses que deben asumir por los créditos suscritos que les permiten adelantar el pago de la compra de medicamentos que les son abonados casi dos meses después. En el caso de Huesca, la DGA les adeuda por noviembre casi 4,5 millones. "El ahogo financiero está llevando al desánimo a muchas farmacias", aseguró.