Junto al presidente del Gobierno participaron en la firma del acuerdo en el palacio de la Moncloa los secretarios generales de CC. OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, y los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi en su primer acto público oficial y a un día de celebrarse las elecciones para la presidencia de CEOE que ambos se disputan.

Todos ellos abundaron en la gravedad de la situación. Rosell admitió que muchos parados están en "situación de emergencia" y reclamó que haya "una respuesta política y social" para poder salir de la crisis con "cohesión social". También apuntó que este año se habrán creado cien mil empresas, lo que calificó de "la clave para la creación de empleo". Por su parte, Garamendi, que fue el primero en hablar y el más breve, destacó que el acuerdo demuestra el "buen funcionamiento del diálogo social", pero que "lamentablemente, no será la última vez" que haya que pactar una ayuda de este tipo. "Todos sabíamos que la salida de la crisis sería lenta, pero no tan trágica". aseveró el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa.

Los líderes sindicales reclamaron también que se llegue a acuerdos para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), de una renta mínima para las familias sin recursos, la reindustrialización del país y que los salarios recuperen poder adquisitivo en el nuevo acuerdo marco de negociación colectiva. Las conversaciones con la patronal se encuentran estancadas en este punto porque Rosell defiende un pacto de moderación salarial como el que finaliza este año, con un incremento salarial no superior al 0,6%. Además, la celebración de elecciones en CEOE ha paralizado la toma de decisiones. Los sindicatos quieren que se aprueben subidas salariales y que estas se decidan en los sectores y las empresas que pueden hacerlo, pero consideran que, en general, ya ha llegado el momento de mejorar la retribución de los trabajadores, lo que, a su vez, estimulará el consumo y contribuirá a la creación de empleo.

Cándido Méndez apuntó que la nueva ayuda a los parados de larga duración con cargas familiares aumentará la cobertura de los desempleados en alrededor de diez puntos porcentuales (2,5 puntos por cada cien mil personas acogidas). Toxo recalcó la importancia de las medidas de activación de los parados. Estas actuaciones para la inserción laboral serán gestionadas fundamentalmente por las comunidades autónomas.

Para acceder al programa el desempleado tiene que figurar inscrito como demandante de empleo a 1 de diciembre de 2014 y haber permanecido inscrito ininterrumpidamente durante, al menos, 12 meses dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de solicitud. Si se ha trabajado durante menos de tres meses no se tendrá en cuenta a efectos de este cálculo. Además, deberán haber transcurrido más de seis meses desde que cobrara la última prestación del programa Prepara (para la recualificación de parados) del PRODI (antiguo programa de protección temporal por desempleo e integración) o la tercera renta activa de inserción y no tener derecho a ninguna otra prestación. El beneficiario no podrá estar cobrando en la fecha de la solicitud un salario social, una renta mínima de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas o los ayuntamientos.

El programa además de la cuantía económica establece otro tipo de ayudas: el parado recibirá orientación, formación y/o recualificación para favorecer su inserción laboral a través de los servicios públicos de empleo –cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas– o de las agencias privadas de colocación que colaboren.

Además, los parados que entren en el programa deberán haber llevado a cabo una búsqueda activa de empleo y tendrán que realizar las acciones que los servicios públicos de empleo o agencias de colocación determinen, además no podrán rechazar ninguna oferta adecuada de empleo. Si no cumplen serán dados de baja y se les retirará la ayuda.