El Ayuntamiento de La Muela ha tenido 70 pleitos en menos de cuatro años

Treinta y tres recursos contenciosos administrativos, otros seis pendientes de fallo, 35 juicios laborales, dos querellas criminales y dos procedimientos concursales. El Ayuntamiento de La Muela ha tenido que hacer frente a 70 pleitos en menos de cuatro años, desde que en mayo de 2011 tomó el bastón de mando Marisol Aured. La mayoría de los procesos judiciales son consecuencia de la herencia de la exalcaldesa y principal imputada en la Operación Molinos contra la corrupción urbanística, María Victoria Pinilla. Hasta ahora, las sentencias han sido en gran parte favorables al Consistorio muelano, con lo que este se ha evitado pagar 11 millones de euros. Pero todavía quedan procedimientos pendientes de resolver en los que se están reclamando unos 9,5 millones a las arcas municipales.

Como principal representante del Ayuntamiento, la popular Marisol Aured ha tenido que declarar en casi todas las causas contenciosas. "En 2012 y 2013 hubo temporadas en las que tuve que ir a los juzgados incluso más de una vez por semana", comenta la regidora municipal, que asegura que en los juicios laborales ha delegado más. No obstante, incide en que estas demandas también han supuesto un trabajo añadido al que ya tenían en la Alcaldía.

"Prácticamente todas las demandas son consecuencia de la mala gestión de Pinilla, basada en deudas y chapuzas en general", describe Aured. Según detalla, las denuncias interpuestas contra el actual Ayuntamiento superan los 20,5 millones en reclamaciones, unos datos que han buzoneado a todos los vecinos recientemente.

La disolución y Expediente de Extinción de Empleo (ERE) presentado por la Sociedad Municipal Cultural y Deportiva de La Muela fue el primer caso en Aragón en el que se admitió un concurso en el que el cien por cien del capital social pertenecía a una administración pública. La medida levantó ampollas entre gran parte de la plantilla, al igual que las modificaciones sustanciales de las nóminas al eliminar los pluses que durante la época de Pinilla se concedieron a dedo a muchos de los trabajadores municipales. Como consecuencia, ha habido 35 pleitos laborales contra el Ayuntamiento y la sociedad municipal.

En el caso de los recursos contenciosos administrativos, entre los demandantes hay constructoras, estudios de arquitectos, la sociedad de cazadores, empresas de pirotecnia y hasta algunos de los empresarios imputados en la Operación Molinos. Precisamente, una de las cuantías reclamadas más elevadas correspondía a Garden Center Río Grío S. L. por los trabajos en el aviapark, uno de los proyectos estrella de Pinilla.

Reclamaban 901.454 euros al Consistorio de La Muela, pero finalmente el juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza condenó al Ayuntamiento a pagar 95.476 euros a la empresa, sentencia que ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por parte de la mercantil. El fallo se basaba en la pericial judicial, que consideró que había un exceso de facturación de unos 917.000 euros. La abogada encargada de la defensa del Ayuntamiento, María Jesús Sariñena, cree que el TSJA confirmará el fallo dictado por el juzgado de primera instancia.

Hasta la fecha, el Consistorio muelano ha gastado unos 250.000 euros en su defensa en los distintos pleitos desde 2011. Salvo los asuntos laborales, que no se incluyen en esta cifra, siempre han sido defendidos por la misma letrada.

La demanda más cuantiosa que ha tenido que pagar el Ayuntamiento de La Muela llegó por la vía civil. Una entidad financiera exigía el abono de más de 2,2 millones de euros por el impago de un préstamo de tesorería y la demanda fue estimada en su integridad, por lo que el Consistorio fue condenado a pagar esta cantidad, más los intereses legales y las costas del procedimiento.

La administración local es también responsable subsidiaria de la querella por prevaricación contra María Victoria Pinilla por una junta de compensación en la que reclaman 3,6 millones al Ayuntamiento y otra en la que Aranade solicita ser incluido en el pago a proveedores.

Esta empresa, que gestionó la sociedad urbanística de La Muela de 1997 a 2011 y para cuyo gerente, Julián de Miguel, la Fiscalía pide 26 años de prisión, interpuso una querella contra la alcaldesa, la teniente de alcalde, Rosa Barceló, y la exinterventora de La Muela, Rebeca Sánchez. Las acusa de un delito de prevaricación por omisión al no haber accedido a emitir el certificado para que la empresa cobrara del Consistorio una deuda de 1,1 millones a través del plan de pago a proveedores de 2012. Esto implicará que una de los dos testigos protegidos que desencadenaron la Operación Molinos –Aured– tenga que sentarse en el banquillo. La fiscal pide inhabilitar 8 años a la alcaldesa por negar el cobro de la deuda porque cree que prevaricó. Y solicita la misma pena para las otras dos acusadas.