El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital aragonesa ha admitido recientemente a trámite una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Zaragoza contra el empresario Agapito Iglesias por un presunto delito societario. La nueva causa tiene relación con una venta de terrenos que el expropietario del Real Zaragoza hizo en 2011 para cancelar un crédito que tenía con tres entidades bancarias. El empresario ha sido citado a declarar el próximo 28 de enero.

Según ha podido saber este periódico, la titular del juzgado tratará de dilucidar si dos ventas de terrenos que Agapito Iglesias hizo para amortizar créditos con CAI, Ibercaja y Cajalón pudieron perjudicar al Real Zaragoza, en el sentido de que el empresario terminó ‘desviando’ parte del dinero sobrante a una de las sociedades de las que es administrador.

Las ventas se hicieron en abril de 2011, dos meses antes de que de que el exsocio mayoritario del equipo de fútbol solicitara acogerse a concurso voluntario de acreedores por el estado de insolvencia del club. De hecho, aunque se propuso incluirlas en el concurso, la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2, encargada del proceso, decidió que no se incorporaran.

La operación que parece investigar sería la referente a la venta de unos terrenos situados en Plaza para cancelar un préstamo sindicado por Ibercaja, CAI y Cajalón de 8 millones de euros en favor del Real Zaragoza. Para hacer ese desembolso, Iglesias vendió el terreno a las propias cajas aragonesas por 15,2 millones de euros. Tras abonar los 8 millones del préstamo, con el resto, el empresario debía atender diversas obligaciones de pago.

Es en ese punto en el que la Fiscalía Anticorrupción cree que puede haber indicios de que, aunque el club saliera beneficiado por la operación al saldar esa deuda, se le podría haber causado posteriormente un perjuicio por el uso que Iglesias hizo del remanente del dinero.

La Agencia Tributaria investigó la venta y llegó a la conclusión de que fiscalmente se había tributado la parte del IVA que correspondía. No obstante, envió un informe a la Fiscalía por si pudiera existir algún indicio de delito. Tras estudiarlo durante un tiempo, hace unas semanas decidió interponer una querella por supuesto delito societario. El expediente se remitió al juzgado decano para reparto y, finalmente, la causa ha recaído en el juzgado de instrucción número 3, que la ha admitido a trámite.

La primera diligencia que ha encargado la magistrada es la citación del empresario, aunque luego se espera que pasen testigos que participaron en las operaciones.