El contrato de construcción del tranvía obligaba a certificar las obras "efectivamente ejecutadas".

El contrato de construcción del tranvía de Zaragoza no deja lugar a dudas. Las certificaciones que emitía mes a mes la constructora, la UTE FCC-Acciona, para reflejar la evolución de los trabajos, debían corresponderse a la obra "ejecutada". El documento utiliza esta palabra hasta en cinco ocasiones para calificar las obras que debían aparecer en las certificaciones. Pese a ello, la constructora incluyó trabajos que no se realizaron, como los traslados de las fuentes de la plaza de España y de la plaza de Paraíso, la nave de servicios de las cocheras de Parque Goya y unas obras que modificaban la salida del parquin de Puerta Cinegia.

El contrato de construcción, al que ha tenido acceso este diario, se firmó el 20 de noviembre de 2009 entre la sociedad de economía mixta Los Tranvías de Zaragoza (encargada de construir, explotar y mantener la línea 1) y la UTE FCC-Acciona, que haría la obra civil. Acordaron precio "alzado, cerrado y fijo" de 176,5 millones más IVA. Se especificó que esa cantidad "no experimentará variación alguna aunque varíen los costes laborales o de los materiales", y se hizo "a riesgo y ventura" de la UTE, quien asumió "irrevocablemente una obligación de resultado" frente a Los Tranvías de Zaragoza.

Para pagar esta cantidad que Los Tranvías de Zaragoza debía abonar a FCC-Acciona se preveían unas "certificaciones de obra ejecutada" que la UTE debía presentar para su aprobación. Estos "pagos mensuales" se consideraban "a cuenta del precio total" y, como ocurre siempre con este tipo de documentos, no suponían "una aceptación tácita o expresa de la calidad final de las obras".

Además, se elaboró un programa de pagos en el que se fijó una "previsión" de las certificaciones que iban a llegar. En el contrato se especificaba que la UTE "preparará las propuestas de certificaciones de obra efectivamente ejecutada" teniendo en cuenta ese programa de pagos. Los posibles desajustes "al alza o a la baja" respecto a las cantidades previstas, no podrían ser superiores al "20%". Con esas certificaciones, que en al menos cuatro casos incluyeron obras que no se realizaron, Los Tranvías de Zaragoza debía entregar a la UTE "un pagaré por el importe aprobado", tras pasar por la SEM y por el asesor técnico de los bancos que financiaron la obra.

El hecho de que las certificaciones reflejaran las obras efectivamente ejecutadas era importante en caso de que el contrato se hubiera resuelto por alguna causa imputable a la sociedad mixta. Para esa situación, se preveía que se abonaran a la UTE los importes "por las obras realizadas de acuerdo con las certificaciones de la obra ejecutada".

El contrato contemplaba posibles modificaciones del proyecto. El Consistorio podía proponerlas sin límite, aunque la UTE debía valorarlas. También se recogía la posibilidad de "reducción del ámbito del proyecto". El Ayuntamiento y la sociedad mixta debían buscar un "mecanismo de compensación" por los cambios, aunque no especifica cómo. Ambos han afirmado estos días que las obras previstas que no se hicieron se compensaron por otras que no estaban dibujadas en los planos y que finalmente sí que se ejecutaron, aunque no han aclarado cómo se cuadró esa compensación.

También se podían hacer modificaciones por iniciativa tanto de la sociedad de economía mixta como de la constructora, si así lo acordaban, aunque siempre se requería la "aprobación previa" del Ayuntamiento.

El proyecto ‘as built’

Tanto el Ayuntamiento como Los Tranvías de Zaragoza han defendido esta semana que las modificaciones que se hicieron en el proyecto –como es el caso de las obras no realizadas pero sí reflejadas en las certificaciones– quedaban "regularizadas" en el proyecto ‘as built’, unos planos que la constructora debía entregar para que quedara constancia de lo realmente ejecutado. En el contrato, solo se señala que el ‘as built’ debía reflejar "fielmente" el estado final del proyecto "una vez recogidas las variaciones que puedan haberse introducido en los proyectos de ejecución". Sin embargo, no hace ninguna mención a que esta entrega suponga la regularización de las obras no ejecutadas que, pese a ello, aparecen en las certificaciones.

Además, la SEM mantiene que con estas certificaciones se pagaba "el volumen" de trabajo ejecutado cada mes, es decir, un porcentaje del total, en vez de los aspectos concretos que aparecen en cada certificación. Sin embargo, en el contrato no se hace ninguna referencia a estos porcentajes, y sí se estiman las unidades de obra concretas, con las que, por ejemplo, se calcula el plan de pagos.