Los municipios aragoneses gastan más en actuaciones que en teoría son competencia de otras administraciones que en los servicios que deben prestar obligatoriamente por ley. Las estadísticas que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas muestran que los ayuntamientos de la Comunidad destinan el 30% de su presupuesto a garantizar prestaciones básicas como el alumbrado público, la limpieza viaria, el abastecimiento, el urbanismo, los parques y jardines... En cambio, sus inversiones en áreas como la educación, la sanidad, la cultura, el deporte, la promoción social o el turismo suponen, de media, el 36% de sus gastos.

Siempre según los datos del Ministerio, que corresponden al ejercicio 2013, el pago de la deuda pública ‘solo’ se lleva el 7% de los fondos de los que disponen los municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel. Por su parte, el 26% restante se destina a las actuaciones de carácter general que permiten el funcionamiento de cada ayuntamiento: órganos de gobierno, personal de administración, gestión tributaria, gestión del patrimonio municipal...

Estas cifras globales no incluyen a la ciudad de Zaragoza, donde el peso de las competencias ‘adquiridas’ es aún mayor. Según la información que el Consistorio remitió a Hacienda, en la capital aragonesa las actuaciones de carácter general absorben casi la mitad del presupuesto -el 48%-, los servicios básicos obligatorios suponen el 16% y el resto de prestaciones que en principio no son propias de los municipios se llevan el 25%. Por su parte, la amortización de la deuda requiere el 10% del gasto total.

Todos estos datos están recogidos en el informe que el Ministerio acaba de hacer público sobre cómo gastan su dinero las entidades locales españolas. Ese documento, que se ha elaborado con las liquidaciones del presupuesto de 2013, clasifica los gastos de cada ayuntamiento en seis áreas: pago de deuda, servicios básicos obligatorios, actuaciones de carácter general, protección social –servicios sociales, fomento del empleo...–, actuaciones de carácter económico –agricultura, ganadería, turismo, industria...– y producción de bienes públicos de carácter preferente –educación, sanidad, cultura, deporte...–.

Estas tres últimas áreas son las que en teoría deberían ser atendidas por otras administraciones y que en la práctica acaban siendo asumidas en gran parte por los ayuntamientos. En los municipios aragoneses suponen, de media, el 36% del presupuesto: un 21%para producción de bienes públicos de carácter preferente, un 8% para acción social y un 6,6% para actuaciones de carácter económico.

La reforma de la administración local buscaba poner orden en la prestación de todos estos servicios. No obstante, en Aragón apenas ha tenido trascendencia porque la DGA ha interpretado que los ayuntamientos pueden seguir prestando prácticamente todos los servicios que ya proporcionaban. Sin embargo, a partir del año que viene Hacienda va a obligar a todos los municipios a calcular y publicar los costes efectivos de los servicios que prestan. El objetivo del Ministerio es que esa información ayude a racionalizar la actual distribución de competencias.