Golpe de efecto. Pocas horas antes del inicio de la última cumbre del año de jefes de Estado y de gobierno, el presidente de la Comisión, el veterano luxemburgués Jean-Claude Juncker, marcó el miércoles el terreno fiscal a los líderes comunitarios haciendo gala de su nuevo rol de adalid de la lucha contra la evasión y la elusión impositiva. Quién le ha visto y quién le ve al que fue durante 18 años primer ministro del Gran Ducado, acorralado por la Comisión por sus dudosas prácticas fiscales referidas a las multinacionales y enmarcadas dentro de una investigación llamada Luxleaks. Soplan nuevos vientos en Bruselas. Porque el Ejecutivo comunitario ha decidido pedir a los Estados miembros que informen de si entre 2010 y 2013 tenían en vigor ‘tax rulings’ y, en caso afirmativo, les invita a aportar la lista detallada con los casos. Las alfombras comienzan a levantarse.

¿Qué son los ‘tax rulings’? Se trata de trajes fiscales a medida secretos que los gobiernos hacen a las multinacionales para que paguen un Impuesto de Sociedades a la carta. En Luxemburgo, por ejemplo, se ha desvelado que había más de medio millar y que las compañías apenas pagaban un 1% en lugar del 28% correspondiente gracias a una madeja de filiales.

"Todo legal", insiste el Gran Ducado. Legal sí, pero ético... He aquí el debate comunitario. Porque incluso Juncker ha reconocido que "hubo un exceso de ingeniería fiscal". En la actualidad, existen ‘tax rulings’ en 25 de los 28 Estados miembros –solo se libran Eslovaquia, Croacia y Letonia-. Sin embargo, únicamente tres han sido especialmente señalados: Luxemburgo, tanto por el Luxleaks como por las investigaciones abiertas hace meses por el departamento de Competencia sobre los acuerdos con Amazon y Fiat; Holanda, por su acuerdo con Starbucks; e Irlanda, con Apple. Casos que antes de la primavera quedarán resueltos.

Todos en el mismo saco

¿Qué decidió este miércoles el Ejecutivo comunitario? Ampliar el campo de acción y poner a todas las haciendas europeas en un auténtico brete ante la opinión pública. Ahora habrá que ver cómo reaccionan los gobiernos puesto que muchas de estas prácticas puede que hayan sido confidenciales. La polémica está servida. "Debemos disponer de una fotografía completa de las prácticas en materia de decisiones tributarias anticipadas en la UE para determinar si se distorsiona y dónde la competencia en el mercado único por ventajas fiscales selectivas", recalcó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Aprovechando además el sorpresivo anuncio, la Comisión aprovechó para recordar que, "en junio de 2013", ya solicitó información ‘ad hoc’ a seis Estados miembros (Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda y Reino Unido) y a Bélgica sobre varios casos concretos.

Cumbre europea

Esta decisión tiene poco de casual. Y es que este martes se reúnen en Bruselas los jefes de Estado y de gobierno para debatir la hoja de ruta económica que debe sacar a Europa de una crisis que dura ya seis años. Se dará un impulso político al llamado Plan Juncker –pretende invertir 315.000 millones entre 2015 y 2017– y, pese a las reticencias de algunos países, se ha incluido a última hora un párrafo en las conclusiones sobre fiscalidad. Entre los países más proclives a llegar a acuerdos en esta materia esta España.

Sin embargo, ese párrafo está muy lejos de las ambiciones de Juncker, que ya ha encargado al comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que presente una nueva propuesta legislativa sobre la transparencia en los ‘tax rulings’ y sobre la posibilidad de aprobar un Impuesto de Sociedades relativamente armonizado en la UE. Del primer asunto se habla en las conclusiones de forma genérica; del segundo, nada. Así que Juncker ha decidido dar un puñetazo encima de la mesa obligando a las capitales a retratarse.