El juez rechaza enviar ahora a prisión a Rato y acusa a UPyD de "buscar notoriedad"
Descarta el riesgo de fuga y cree que el partido de Rosa Díez se basa en "meras hipótesis" para justificar más medidas cautelares
Porque básicamente lo que viene a decir el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, es que UPyD se ha adelantado varios capítulos en esta historia. Sus fines "no pueden ser anticipar una hipotética condena, ni menos aún la obtención de notoriedad", le censura su actitud.
El juez estima que el partido de Rosa Díez estaría buscando "razones apócrifas como la ejemplaridad, el escarmiento, la eficacia o la tranquilidad social". Y no niega que existan "fundados y racionales indicios de criminalidad" contra el expresidente de Bankia, pero como contrapeso aduce que hasta ahora "ha ido cumpliendo todas y cada una de las obligaciones procesales".
Considera que la posibilidad de que pueda huir, destruir pruebas o presionar testigos, "no pasa de mera hipótesis". Y, por último, le recuerda que como acción popular no está legítima para pedir una fianza civil (4.112 millones de euros) por los posibles perjuicios causados a inversores y acreedores por la salida a bolsa de Bankia, dado que sus cuentas estuvieron trufadas de "errores contables".
En el escrito presentado ante el juez, UPyD destacaba que existe un "ingente acervo indiciario" acumulado contra el expresidente de Bankia y su participación en delitos sancionados con penas graves de prisión, en algunos casos superiores a los seis años.
Mencionaba, además, que "los sucesivos viajes de Rato a Suiza en las últimas fechas" hacían temer el difícil control e incautación judicial de su patrimonio en el extranjero. "En la tarde del miércoles 26 de noviembre, hace 15 días, se pudo ver al expresidente de Bankia esperar frente a la puerta número D21 del Aeropuerto de Ginebra", dice la formación.
Apuntaba que este viaje no es el primero que realizaba a Suiza desde que se encuentra imputado pues también fue sorprendido en un avión procedente de Ginebra el 23 de octubre de 2014, el día siguiente de que depositara un aval del banco Sabadell para hacer frente a la fianza de tres millones de euros en la pieza en la que se investiga el uso de tarjetas opacas.
Argumenta que ambas prestaciones la de la Seguridad Social (2.433 euros) y otra que contrató con la Mutualidad de los abogados madrileños superan "ampliamente" el salario mínimo interprofesional "inembargable" y el de "cualquier trabajador cualificado".