Un juez federal en San Francisco sentenció a favor de las bodas gays en California al considerar que la legislación que las prohíbe atenta contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución de EE. UU.

En su esperado veredicto, el magistrado Vaughn Walker consideró que la Proposición 8, aprobada en referéndum en noviembre de 2008 en California, y que reformó la Carta Magna del estado para definir matrimonio como un enlace entre un hombre y una mujer, no es compatible con los principios de igualdad y proceso legal.

"La Proposición 8 carece de base racional para negar la licencia de matrimonio específicamente a gays y lesbianas. De hecho, no hace otra cosa que consagrar la noción de que las parejas de sexo opuesto son superiores a las del mismo sexo", indicó Walker quien en virtud de esa discriminación declaró esa normativa "inconstitucional".

"Estamos encantados con la decisión de hoy porque afirma que los derechos recogidos en nuestra Constitución son aplicables a todos los estadounidenses", manifestó Geoff Kors, director ejecutivo de la institución Equality California.

La sentencia, no obstante, soliviantó a los más conservadores como constató el presidente de la organización Save California, Randy Thomasson, para quien lo ocurrido hoy supone "un golpe terrible".

"El juez ha impuesto su propio orden homosexual a los electores, los padres y los niños de California" dijo Thomasson e insistió en que la Constitución de EE. UU. "garantiza que las políticas estatales las hace la gente, no los jueces".

La decisión del juez Walker ha sido el último capítulo en una larga batalla legal entre defensores y detractores de las bodas entre personas del mismo sexo en California que se remonta hasta el año 2000, cuando un 61,3 por ciento de los electores aprobaron en las urnas la Proposición 22.

Aquella iniciativa, muy similar a la Proposición 8, modificó el código civil del estado al restringir la definición de matrimonio a un enlace que se produce únicamente entre un hombre y una mujer.

La Proposición 22 fue recurrida por vía legislativa en dos ocasiones, aunque el gobernador Arnold Schwazenegger vetó en última instancia los recursos al considerar que solamente los tribunales o los ciudadanos en referéndum tenían potestad para cambiar la norma.

En 2004, la ciudad de San Francisco, donde hay una importante comunidad gay, promulgó una ordenanza municipal por la que se aceptaban las uniones civiles de homosexuales en su jurisdicción.

Una normativa que fue anulada posteriormente por la Justicia, aunque después de que se casaran 4.000 parejas del mismo sexo.

Entre 2000 y 2008, el caso de los enlaces entre homosexuales y la validez de la Proposición 22 llegó a los juzgados californianos, aunque las diferentes cortes de apelaciones optaron por mantener la prohibición a las bodas gays.

Finalmente la Corte Suprema de California terminó por revocar la Proposición 22 en mayo de 2008 al considerar que iba en contra de los principios constitucionales de su territorio.

California se convirtió así en el segundo estado de EE. UU. en legalizar las bodas gays, después de Massachusetts, aunque seis meses más tarde y después de que 18.000 parejas del mismo sexo pasaran por el altar, los electores anulaban la sentencia del Supremo en las urnas.

El 4 de noviembre de 2008 el 52,2 por ciento de los votantes aprobaban en referéndum la Proposición 8, una iniciativa promulgada por grupos conservadores con el fin de reformar la Constitución de California para consagrar el matrimonio como un derecho solo aplicable a las uniones entre un hombre y una mujer.

Este resultado supuso un varapalo para los colectivos de gays y lesbianas, en cuyo seno se originó un intenso debate sobre si acudir a los tribunales federales o llevar a las urnas en las siguientes elecciones una nueva propuesta para modificar la Constitución.

Los partidarios de la vía judicial optaron por denunciar en agosto de 2009 la Proposición 8 ante una Corte Federal de San Francisco por considerar que atentaba contra los derechos de la Carta Magna de EE. UU., país que oficialmente no reconoce las bodas gays aunque sí las aceptan los gobiernos de seis de sus estados.

Está previsto que la decisión del juez Walker sea recurrida ante la Corte Federal de Apelaciones y todo apunta a que terminará en manos de la Corte Suprema de EE. UU., la última instancia judicial del país.