La Comisión de Sanidad del Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prevé prohibir la venta en centros escolares de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, grasas trans, sal y azucares. El PP expresó su disconformidad con el afán prohibicionista de la norma.

De acuerdo con la iniciativa legislativa patrocinada por el Ministerio de Sanidad, los límites a grasas trans (presentes en la bollería industrial), azúcares y sal serán fijados en un reglamento, que será de obligado cumplimiento para las empresas agroalimentarias. El Ejecutivo acordará con la industria los umbrales de esos componentes que favorecen el sobrepeso.

El proyecto pasará ahora a ser tramitado en el Senado sin necesidad de ser discutido en el pleno de la Cámara baja, toda vez que la Comisión de Sanidad y Política Social del Congreso actuó con facultad legislativa plena.

La norma tiene en cuenta la creciente importancia de los riesgos nutricionales, «dada la preocupante prevalencia en la actualidad de la obesidad», especialmente entre niños y jóvenes. No en vano, como destacó Alberto Fidalgo, uno de los portavoces del Grupo Socialista, el sobrepeso en menores de 18 años representa el 30%.

La ley trata de imprimir un enfoque integral a la seguridad alimentaria, de manera que se recojan los riesgos asociados a la alimentación «de la granja a la mesa».

Fidalgo adujo que no deja de ser un sarcasmo que mientras 1.000 millones de personas en el mundo sufren obesidad y 300 millones sobrepeso, otros 1.000 millones de individuos arrastran problemas nutricionales, ya que su seguridad alimentaria consiste en vencer cada día el hambre. En los países industrializados la obesidad es la «epidemia del siglo XXI».

Menús escolares regulados

La ley regula la composición de los menús escolares, que también habrán de ajustarse a los límites que se establezcan en cuanto a grasas saturadas, sal y azúcares.

Alejando Alonso, también del PSOE, subrayó que su grupo ha accedido a incorporar al texto más del 60% de las enmiendas presentadas. A petición de CiU, los socialistas se avinieron a que en la exposición de motivos figure la familia como principal transmisora, junto a la escuela, de hábitos alimenticios saludables. «No podemos prohibir la venta de chucherías en la calle o en las casas, porque eso es responsabilidad de los padres, pero sí podemos hacerlo en el ámbito público», dijo el diputado socialista.

El representante del PP, el oscense Ángel Pintado, dijo sentirse extrañado porque una ley que vela por la salud alimentaria no aborde trastornos como la anorexia o la bulimia. Los populares discrepan del espíritu «prohibicionista» que inspira la norma y arguyen que el combate contra la obesidad infantil es más eficaz mediante la transmisión de hábitos alimenticios saludables en la escuela y no en impedir la venta de ciertos alimentos. «No podemos apoyar la prohibición de alimentos que no cumplen determinados perfiles nutricionales», remachó.

Pintado abogó por fusionar las agencias de Seguridad Alimentaria y la del Medicamento con el fin de «promover el ahorro y la eficacia» en una etapa de crisis. También pidió la supresión del artículo que prevé la creación de un observatorio de la nutrición y del estudio de la obesidad, al entender que se trata de un gasto «innecesario y evitable».

El proyecto de ley lucha contra conductas discriminatorias para las personas obesas y declara los centros escolares como «espacios libres de publicidad».