ESTUDIO

Los más pobres tienen cuatro veces más riesgo de sufrir una discapacidad

Un estudio llega a la conclusión de que la tasa de riesgo en los hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.000 euros es cuatro veces mayor (8,4%) que en los que tienen ingresos superiores a 2.500.

El riesgo de sufrir una discapacidad antes de los 65 años está estrechamente ligado al nivel de renta de las familias, según un estudio que revela en concreto que los españoles con menos ingresos tienen cuatro veces más probabilidad de que le sobrevenga algún tipo de limitación física o psíquica.


El estudio social de la Fundación La Caixa, realizado por el equipo de investigación Ioé, ha sido presentado este jueves por el director de la Obra Social de la fundación, Jaime Lanaspa, y uno de sus coautores, Carlos Pereda, en un acto al que también han asistido la secretaria de organización de COCEMFE, el presidente de CERMI, Luis Cayo, y de la Fundación ONCE, Alberto Durán.


Los investigadores han llegado a la conclusión de que la tasa de riesgo en los hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.000 euros es cuatro veces mayor (8,4%) que en los que tienen ingresos superiores a 2.500.


Pero además, en el estudio se evidencia que el nivel de estudios de las personas con discapacidad es mucho más bajo que el de la población general: del millón y medio de personas que se encuentran en edad laboral, el 7% son analfabetas (en la población general lo es el 1) y una cuarta parte no ha terminado la primaria.


No obstante, a la mayoría les sobrevino la discapacidad después de los 16 años. Nivel de analfabetismo

Las conclusiones del estudio, basadas en la última encuesta del INE sobre discapacidad, se refieren al nivel de analfabetismo en este colectivo de 1999 a 2008, un periodo en el que disminuyó sensiblemente, según ha explicado Lanaspa, pero con el ritmo en que lo hizo harían falta 15 años para que se erradicara.


"Hay un circulo vicioso porque vivimos en una sociedad con una distribución muy desequilibrada de la renta, una desigualdad que genera niveles de formación o de salud diversos", ha señalado Pereda, quien ha insistido en que "en hogares más precarios y con menos cualificación hay claramente más riesgo de contraer discapacidades".


El avance deberían ser más rápido y, sobre todo, según Lanaspa, en lo relacionado con el trabajo: el 28% de las personas con limitaciones consiguen un empleo remunerado frente a un 66 de la población ocupada en general, y para que los discapacitados tuvieran una proporción similar se tardarían 85 años.


El estudio señala también que dos terceras partes de las personas con discapacidad en edad laboral reciben pensiones, la mayoría contributivas, pero a pesar de recibirlas la renta media de esos hogares es un 25% más baja que la de los que no la sufren.Discriminación

Otra conclusión del estudio es que la cuarta parte de las personas en edad laboral que sufre discapacidad se ha sentido discriminada, pero solo el 9% de ellas ha denunciado los hechos.


En España, en 2008, había 3,8 millones de personas con alguna discapacidad, mientras que en 1999 la cifra era de 3,5, es decir el total de personas afectadas aumentó en 300.000.


Sin embargo, en términos relativos a la población, este colectivo se redujo en seis décimas debido al aumento de la inmigración, que supuso la entrada de cinco millones de personas, más jóvenes y con una tasa de discapacidad menor, el 2,9%.


En la encuesta del INE se recogen hasta 44 discapacidades, pero el promedio por persona que tiene alguna es de ocho.


Por tanto, tal y como subraya Pereda, el promedio de capacidades de estas personas es de 36, de ahí que sea necesario una política orientada a "potenciar éstas para que puedan vivir la vida con dignidad".


Esta es una de las propuestas de los investigadores, que la política se oriente a potenciar medidas de apoyo para la inserción laboral de los discapacitados que puedan desarrollar una determinada actividad.


Y es que la mayoría de las pensiones contributivas de las pensiones contributivas de invalidez que se perciben antes de los 65 años tienen carácter indefinido, según Pereda, ya que se parte de un "criterio de 'incapacidad' estático que etiqueta a las personas con carácter permanente".