Los "fabricantes y ayuntamientos no garantizan el reciclaje de aparatos electrónicos"

La Organización de Consumidores y Usuarios ha denunciado que fabricantes y ayuntamientos no garantizan el reciclaje de electrodomésticos y aparatos electrónicos aunque cobran por ello, a la luz de un estudio publicado en el último número de su revista 'Compra Maestra' que ya ha sido puesto en conocimiento de las distintas administraciones implicadas y de la Fiscalía del Medio Ambiente.

Así, la investigación ha determinado que la mayor parte de estos aparatos no termina en una planta de reciclaje sino abandonados o desmembrados y concluye que a los consumidores se les cobra desde hace seis años por un servicio que se lleva a cabo "de forma muy deficiente".

"Los consumidores financian un sistema que no funciona, los fabricantes se quedan con el dinero y los Ayuntamientos miran hacia otro lado", apunta el estudio, que explica que los consumidores pagan en el precio del producto su futuro reciclaje, dinero que reciben fabricantes y distribuidores y que se quedan al no llevar los residuos a plantas autorizadas donde deberían pagar al Sistema Integrado de Gestión.

Para comprobar cómo se realiza el reciclaje de electrodomésticos y aparatos electrónicos, la OCU instaló diferentes localizadores GPS con transmisión móvil en varios electrodomésticos usados (televisores, lavadoras, frigoríficos y ordenadores) en diferentes partes del país y procedió a deshacerse de ellos siguiendo las distintas formas previstas para su reciclaje: entrega en punto limpio, retirada a domicilio y entrega en tienda.

Durante tres meses, a través de los localizadores, se hizo un seguimiento de los mismos y se comprobó que el 60% de los residuos no ha llegado a plantas de reciclado autorizadas, sino que fueron despedazados en el punto limpio o abandonados en descampados y chatarrerías.

Fuerte impacto ambiental

Según ha indicado la OCU, este inadecuado tratamiento de los residuos tiene "un fuerte impacto ambiental por el potencial peligro que suponen algunos de los componentes y materiales de este tipo de equipos" como los gases refrigerantes de los frigoríficos, el aceite mineral de los condensadores de las lavadoras, y ciertas partes de los antiguos televisores por su alta cantidad de minerales pesados.

Por otra parte, el estudio acusa a las administraciones de permanecer "ajenas al problema" ya que, según indica, al contactar con ellas, tras conocer el destino de los productos, el Ayuntamiento de Madrid puso "todas las pegas posibles para facilitar esta información", los Ayuntamientos de Plasencia y Ribadesella "negaron tener puntos limpios, pese a que la OCU entregó residuos en ellos" y la planta de reciclado vizcaína de Berziklatu afirmó llevar dos años sin recibir un residuo.

Asimismo, denuncia el "completo desconocimiento" que tienen los distribuidores sobre lo que sucede con los residuos que recogen y el la "opacidad e imprecisión" de los Sistemas Integrados de Gestión.

"Trabas ilimitadas"

Por otro lado, en el informe se reflejan los problemas que se encuentran a la hora de reciclar los electrodomésticos y aparatos electrónicos. Así, se asegura que, aunque las tiendas están obligadas a recoger de forma gratuita el electrodoméstico antiguo en caso de adquisición de uno nuevo, existen "ilimitadas trabas".

En el caso de los puntos limpios, la OCU critica que las instalaciones están "casi siempre alejadas y mal señalizadas" y que, al tener que tirar el aparato en un contenedor se puede romper, lo que impide su correcta descontaminación.

Además, la OCU denuncia que existe un "caos" en el procedimiento y pone como ejemplo un caso de su investigación en el que un residuo ha recorrido más de 1.200 kilómetros hasta llegar a una planta autorizada en Vizcaya, partiendo desde Plasencia y pasando por Sevilla durante su recorrido cuando, según ha recordado la organización, se debe llevar a la planta autorizada más cercana.

Por todo ello, la OCU exige que se audite el sistema actual del reciclado y se informe con claridad de cuánto se paga por el mismo, cuánto se invierte en él y cuánto se recicla; que se profesionalice el sistema; y que se controle el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de los puntos de entrega.