"Me aburro..." es la frase más repetida por Miguel, de 10 años, con inquietudes sobre astronomía y zoología, y un cociente intelectual de 130, pero sus padres temen que acabe, como el 68% de los niños superdotados, en fracaso escolar. Una juez de Madrid ha reconocido su derecho a una atención educativa específica. En cada aula puede haber un niño con alta capacidad intelectual o un talento específico, aunque muy pocos están identificados y complementan su formación.

Enrique es uno de ellos. Estudia segundo de ESO, pero además pasa algunas tardes en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, donde realiza una investigación sobre Edafología, o en la de Arquitectura, donde estudia el impacto de terremotos en los materiales de construcción, y tiene 12 años. El 2% de la población, unos 300.000 alumnos españoles, según los estudios, tiene potencialmente altas capacidades, pero apenas unos 3.000 están reconocidos por el sistema educativo, con medidas de flexibilización o aceleración de cursos.

Y muchos se desmotivan, rinden poco, se aislan y, al llegar a la adolescencia, sin hábito de trabajo, suspenden o abandonan los estudios. El fracaso escolar entre estos 'cerebros' es "superior al 68,3%", asegura Marta Eugenia Rodríguez de la Torre, directora de Sapientec, que imparte cursos de formación preuniversitaria a medio centenar de menores seleccionados por la Asociación Española para Superdotados y con Talento (AEST) y becados por la Politécnica de Madrid (UPM).

Las asociaciones de padres critican la demora en identificar a estos alumnos y aplicar la Ley, que establece adaptaciones curriculares para su progresión.

El caso de Miguel

La batalla de los padres de Miguel empezó cuando tenía cinco años. El pequeño caminó muy pronto, sin gatear. "Tenía un vocabulario amplio, distinto" -declara Olga, su madre-. A los dos años conocía el nombre de más de 200 animales. A los tres, hablaba de la muerte, aprendió a leer antes que sus compañeros y se expresaba como un 'catedratiquillo'.

Pero Miguel lloraba y lloraba por ir al 'cole', no jugaba con niños de su edad, y sus padres, Olga y Marco, buscaron ayuda.

La psicóloga de su colegio en Fuenlabrada (Madrid) les alertó de su capacidad intelectual, y en la AEST le reconocieron como un niño superdotado que "no estaba integrado, que sufría". Otra evaluación psicológica privada determinó su "ansiedad cognitiva y desajustes afectivos", por lo que lleva dos años en tratamiento.

La familia solicitó en 2004 a la Comunidad de Madrid una valoración completa del pequeño, y los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) determinaron -según Olga- que, aunque su cociente intelectual era elevado, "no tenía persistencia en la tarea escolar", indispensable para recibir atención específica.

"No entraba en los parámetros que marcaban, pero el niño estaba mal, y algo había que hacer...", añade Olga. Y acudieron a los tribunales.

La titular del Juzgado 24 de Madrid, tras analizar los informes públicos y privados sobre el menor, reconocía en marzo su derecho a medidas educativas especiales por sobredotación intelectual, avalada por equipos no oficiales, y condenaba a la Administración a aplicarlas. Es la primera sentencia favorable en la Comunidad, según la presidenta de la AEST, Alicia Rodríguez Díaz-Concha.

La Consejería de Educación ha recurrido, informaron a Efe fuentes de este Departamento, y alega que la evaluación del niño "es competencia exclusiva" de los EOEP, "que no consideran que tenga esas necesidades especiales", y que "un informe privado no puede modificar esa evaluación".

El niño "va mejorando, aunque sigue sin querer ir al colegio, poniéndose triste", afirma la madre. "No queremos que sea un Premio Nobel, queremos que sea feliz".