Existen más de 2.800 pueblos abandonados a lo largo de la geografía española, pero podrían ser muchos más si no fuera por el esfuerzo de un buen número de personas, asociaciones y organizaciones que, desde los años setenta, se dedican a restaurar y recuperar algunas de estas aldeas 'fantasma'.

Muchos estudiantes pasan los meses estivales trabajando en contacto con la naturaleza y ayudando a devolver a la vida pueblos como Umbralejo (en la provincia de Guadalajara), Granadilla (en Cáceres), Búbal y Griébal (ambos en Huesca), pero esta es quizás la cara más conocida de una actividad que tiene muchas más formas.

Una de ellas es la de las eco-aldeas, asentamientos que pretenden integrarse respetuosamente con el entorno natural y que en muchas ocasiones -aunque no siempre- se erigen sobre pueblos abandonados, reutilizando sus ruinas.

Lakabe (Navarra), cuya casa comunal fue destruida por un incendio en mayo de este año, fue la primera eco-aldea de España, y probablemente uno de los primeros casos de población abandonada y posteriormente recuperada, ya que nació en 1980 como pueblo 'okupado', aunque sus nuevos habitantes ya cuentan con un permiso para habitar en él.

Lo mismo ocurrió en las aldeas oscenses de Artosilla, Ibort y Aineto, que ya suman más de 100 habitantes en conjunto, y cuyos terrenos le fueron cedidos a la asociación Artiborain en el año 1986, tras "dos o tres años" como 'okupas', según Ulises, uno de los habitantes de Artosilla.

Para esta asociación, se trata de algo "cada vez más excepcional", puesto que la cesión de terrenos para llevar a cabo iniciativas de este tipo es ahora "muy complicada" y también es "mucho más difícil" 'okupar' parcelas o construcciones abandonadas porque, aunque se encuentren en condiciones ruinosas, los propietarios están más atentos que en los años ochenta.

"En los ochenta no se les daba un valor especulativo" a estas propiedades, en palabras de Ulises, quien ha asegurado que, en el caso de Aragón, el Gobierno está "abierto" a estos proyectos, aunque ha puntualizado que existen 400 núcleos abandonados en la comunidad "en manos públicas y que se podrían ceder".

Grandes problemas

Antonio Marín, de la Red Ibérica de Eco-aldeas, está de acuerdo con esta visión, ya que, en su opinión, estas iniciativas ecológicas no se desarrollan más en España por los "grandes problemas" que existen para que se cedan los terrenos y porque los propietarios "no quieren vender".

Sin embargo, las eco-aldeas están muy extendidas en otros países europeos, como el Reino Unido o Italia, e incluso existen 'eco-aldeas urbanas' en ciudades norteamericanas como Nueva York o Los Ángeles.

Aragón, y en concreto la provincia de Huesca, cuentan con gran cantidad de poblaciones restauradas por distintas instituciones a las que el Gobierno cedió los terrenos a mediados de los años ochenta, como Ligüerre de Cinca y Morillo de Tou, rehabilitados por UGT y CCOO, respectivamente, como centros de vacaciones.

La restauración de Morillo, aunque todavía está en proceso, se alargó unos diez años en su parte más importante, ya que los restos del pueblo habían quedado en mal estado tras más de veinte años de abandono, pero ahora este núcleo da cabida a 700 visitantes y trabajo a una plantilla de 30 personas, e incluso algunas habitan allí durante todo el año.

El objetivo del sindicato, según Pablo Castellón, uno de los trabajadores de Morillo de Tou, era "no recuperarlo sólo por recuperar", sino "generar actividad" en una zona muy afectada por la despoblación.

El Ministerio de Medio Ambiente, junto con los de Educación y Vivienda, gestiona el pueblo oscense de Búbal, y los de Granadilla y Umbralejo como parte del Programa de Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados, dentro del cual hasta 175 estudiantes de secundaria y universitarios trabajan para restaurar los edificios en grupos de 25 personas.

Además de la asociación Artiborain, de los sindicatos y del Ministerio, otros pueblos de Huesca fueron cedidos a diversos colectivos, como en el caso de Griébal, operado como "centro de servicios para jóvenes" por los Scouts de Aragón, y donde en verano se llegan a reunir más de 700 estudiantes de entre 14 y 18 años.

Unos jóvenes que acuden todos los años desde numerosos puntos de España y desde países como Bélgica para ayudar a proteger un patrimonio histórico que, en los casos de Griébal o de Morillo de Tou, se remonta hasta el siglo XI, y que corre el riesgo de perderse.