El Vaticano ha dado una vuelta de tuerca en su lucha contra los curas pederastas y ha aprobado nuevas y más duras normas, entre las que destaca la ampliación de 10 a 20 años del tiempo para denunciar los abusos y la inclusión del delito de posesión de pornografía infantil.

En las nuevas normas, presentadas hoy, también equipara los abusos contra discapacitados psíquicos adultos a los cometidos contra menores y establece que la Congregación para la Doctrina de la Fe pueda juzgar, previa orden del Papa, a cardenales, patriarcas y obispos por delitos contra la fe, la costumbre y la moral, en los que se incluye la pederastia.

Se trata de la puesta al día del documento "De Delicta Graviora', de 2001, anexo al motu proprio "Sacramentorum santictatis tutela", de Juan Pablo II, sobre los delitos más graves contra la moral y los sacramentos, entre ellos los abusos sexuales a menores por parte de clérigos.

El portavoz vaticano, el jesuita Federico Lombardi, subrayó que estas nuevas normas demuestran la decisión de la Iglesia de actuar "con rigor y con transparencia" para afrontar los casos de abusos sexuales de clérigos a menores, decenas de ellos ocurridos durante décadas en EE. UU., Irlanda, Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda e Italia, entre otros países.

Aunque se trata de normas y sanciones exclusivamente internas a la Iglesia, Lombardi precisó que se da por descontada la colaboración con las autoridades civiles "y el cumplimiento de lo previsto por las leyes civiles" de cada país.

A este respecto, el Promotor de Justicia (fiscal) del Vaticano, el arzobispo Charles Scicluna, indicó que "hay que obedecer las leyes civiles sin esperar el éxito del proceso canónico".

Scicluna dijo también que el "secreto pontificio", es decir la confidencialidad de los procesos canónicos a los curas pederastas, jamás debe impedir la denuncia a las autoridades civiles.

De las nuevas normas destaca que, a partir de ahora, el tiempo para denunciar un caso de abuso sexual por parte de un sacerdote a un menor se amplía de 10 a 20 años y se equiparan los abusos contra discapacitados psíquicos adultos a los cometidos contra menores.

También se introduce un nuevo delito por el que se castigará la adquisición, posesión y difusión "por parte de un miembro del clero, en cualquier modo y con cualquier medio", de imágenes pornográficas que tengan como objeto a menores de 14 años.

El Vaticano ha vuelto a proponer la confidencialidad de los procesos para tutelar la dignidad de las personas implicadas.

La nueva normativa contempla que los procesos sean más rápidos, así como la posibilidad de no seguir "el camino procesal judicial" normal cuando se trata de un hecho muy grave y presentar directamente al Papa esos casos para que el sacerdote culpable sea reducido lo más pronto posible al estado clerical.

Scicluna precisó que los casos graves representan el 20 por ciento del total.

La nueva normativa incluye la presencia de los laicos en los tribunales eclesiásticos que juzguen esos casos.

Además de la pederastia, también endurece las normas referentes a la ordenación sacerdotal de mujeres -el Vaticano lo considera un delito "gravísimo"-, la herejía, la apostasía y el cisma, casos de los que se ocupará directamente la Congregación para la Doctrina de la Fe, heredera del desaparecido Santo Oficio.

La congregación, que durante más de 20 años dirigió el actual Papa y ahora encabeza el cardenal estadounidense William Levada, también se encargará de los casos de divulgación de confesiones grabadas con las nuevas tecnologías.

Las nuevas normas han sido enviadas a los obispos de todo el mundo y llegan tras los centenares de casos de abusos que han sacudido a la Iglesia católica en numerosos países, que la han colocado en una de las crisis más graves de su historia reciente y han salpicado al mismo Papa.

Benedicto XVI ha aplicado la "tolerancia cero", ha pedido perdón a las víctimas de esos abusos, que considera un "crimen"; ha acusado a la curia de países como Irlanda y EEUU de haber sido incapaz de detener esos hechos y se reunió con víctimas en EEUU, Australia y Malta.

En esa línea, ha afirmado que "el perdón no sustituye a la justicia" y que estos casos evidencian que la "mayor amenaza para la Iglesia no viene de fuera, de enemigos externos, sino de su interior, de los pecados que existen en ella".