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"Descargar archivos en Internet no es piratería"

Miguel Pérez.
"Descargar archivos en Internet no es piratería"
AUI.ES

Miguel Pérez, ingeniero de telecomunicaciones nacido en Quinto de Ebro, es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet y fundador de la plataforma Todos contra el canon. La guerra entre la industria y quienes abogan por el intercambio libre de archivos en Internet está al rojo vivo. Además, el nombramiento de Ángeles González-Sinde como ministra de Cultura ha levantado un gran revuelo en la red.


La Asociación de Usuarios de Internet ha pedido la recusación de González-Sinde. ¿No le dan ni 100 días de tregua?


La ministra carece de imparcialidad y neutralidad. Tiene intereses en el tema que va a administrar. Pero lo que más ampollas levanta es su posicionamiento previo sobre las descargas. Su nombramiento es una provocación. Ella ha sido muy beligerante en su etapa como presidenta de la Academia de Cine. El sector audiovisual califica de piratería cosas que creemos que son legales. Nosotros decimos que las descargas no son necesariamente malas. Descargar archivos no es piratería. Hay un cambio de modelo y la industria debe adaptarse. Ha ocurrido siempre en la historia.


¿Estas quejas han tenido alguna respuesta oficial por parte del Ministerio de Cultura?


Ninguna. Ya propusimos participar cuando se preparaba la ley del canon digital y nunca se nos ha dado audiencia. Se excluye a las asociaciones de usuarios Internet, pero no a las empresas.


Parece que el Gobierno quiere limitar las descargas. ¿Cree que es necesario este control?


Quieren ordenar Internet y eso no hace falta. La red ya está ordenada. Lo que hace falta es cumplir la ley. Defienden el canon digital, con el que supuestamente pagamos las copias que podamos hacer, y a la vez quieren que no haya intercambios. Es una contradicción. No estamos dispuestos a que algo que es legal, los intercambios sin ánimo de lucro, se vea como un delito y nos tachen de piratas.


Ya ha habido condenas contra páginas que facilitan las descargas ilegales, tanto en Europa (por ejemplo, contra el portal The Pirate Bay, en Estocolmo) como en España (contra un joven de La Rioja). ¿Se está produciendo un cambio en los tribunales?


El caso de La Rioja es un hecho de hace seis meses. Llama la atención que se saque precisamente ahora, suena a un montaje. Además, hay que precisar que no es una sentencia, sino un acuerdo previo. El joven acusado era propietario de una página de enlaces que llevaba a otras páginas de descargas. Si su página estuviera en un buscador, ¿el buscador también sería culpable? Es absurdo. El problema en España es la contradicción que hay entre el canon preventivo y el derecho a copiar. Y la gestión privada de algo que se nos impone por ley. Como si el IVA lo gestionara una asociación privada de gestores fiscales.


Hace año y medio que se aplica el canon digital a los soportes digitales (un ordenador, un CD, un equipo de música, un móvil…). ¿Cuánto se ha recaudado?


No sabemos cuánto dinero se ha recaudado ni a qué lo destina la SGAE. Esa información no es pública, hay mucho oscurantismo. El canon es perverso e ineficaz. Para la gran mayoría de los autores, el canon no es una ayuda sino una carga. Los propios autores pierden más dinero con el incremento de los precios que los beneficios que les reporta. Solo beneficia a un 5% de los autores y a los intermediarios.


¿Qué le parece la ley que debate Francia para permitir cortar la conexión a los usuarios que descarguen archivos?


Es un sinsentido. La línea no tiene la culpa, que se persiga a la persona que haya cometido un delito. ¿Cómo se decide qué contenido es ilegal? Parece que es el espejo en el que se quiere mirar España. Es poner puertas al campo. Está cambiando el modelo. En vez de ser el número 1 en los 40 Principales, los artistas querrán ser el número 1 en descargas.


¿Se deberían regular las redes sociales, como Facebook o Tuenti?


Las redes sociales tienen un éxito tremendo en adolescentes y preadolescentes, que se encuentran en una situación muy vulnerable. Hay que adaptar las leyes actuales a la especificidad de Internet, sobre todo en los temas de privacidad. Hay que redefinir los criterios de lo personal y lo público. Internet cambia las reglas de juego a gran velocidad.