Marisol Aured, exalcaldesa de La Muela, absuelta de prevaricación por el impago de 1,1 millones

La exalcaldesa de La Muela Marisol Aured, la que fuera teniente de alcalde en su mandato Rosa Barceló, y la interventora interina Rebeca Sánchez han sido absueltas del delito de prevaricación por omisión por el que fueron juzgadas en octubre de 2016. Las tres habían sido denunciadas por la Aranade (Aragón Navarra de Gestión S L. U.), sociedad que desde 1997 a 2011 se encargó del urbanismo de La Muela, cuando al frente del consistorio estaba la exacaldesa María Victoria Pinilla.

La empresa las acusaba por no haber querido incluir en la relación de obligaciones pendientes una deuda de 1,1 millones de euros, no haber accedido a emitir el certificado para poder cobrarla del Consistorio a través del plan de pago a proveedores de 2012 y tampoco haberle reconocido el derecho al cobro por silencio positivo.

Aranade entendió que las acusadas habían hecho todo esto a "sabiendas" y de "forma arbitraria" y que, por su inactividad a la hora de emitir los mencionados certificados y no hacer las gestiones tendentes al pago del crédito, le causaron un perjuicio económico cifrado en la cantidad de la deuda más los intereses.

Por esa razón, Aranade solicitaba una condena de diez años de inhabilitación para cargo público para cada una de ellas mientras que la Fiscalía, que solo acusó a Aured y Barceló, pedía ocho años de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, les reclamaban el pago de 1.168.232 euros más los intereses (un millón y medio en total, aproximadamente), cantidad de la que tenía que responder subsidiariamente el Ayuntamiento de La Muela y la sociedad urbanística municipal.

Ahora, nueve meses después de que el juicio se celebrara en el Juzgado de lo Penal número 7, la magistrada María Pilar Alguacil ha emitido una sentencia absolutoria al considerar que no está acreditado que las acusadas prevaricaran.

La juez recoge en su sentencia que cuando Marisol Aured y Rosa Barceló entraron a formar parte del consejo de administración de la Sociedad Urbanística de La Muela en enero de 2012, tras haber llegado a sus respectivos cargos políticos unos meses antes, ya tenían constancia de la insolvencia de dicha sociedad, gestionada por Aranade. Incluso sabían que los letrados estaban estudiando la situación de preconcurso de acreedores.

El peso de la Operación Molinos

Esta circunstancia se unía al hecho de que varios miembros del consejo de administración anterior –entre ellos la exalcaldesa María Victoria Pinilla y los concejales Fernando Barba y Juan Carlos Rodrigo Vela–, estaban imputados (y ahora condenados) por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas o malversación de caudales públicos en el proceso abierto por la Operación Molinos. Lo mismo ocurría con el administrador de Aranade, Julián de Miguel.

En este marco de sospecha y partiendo de que este último estaba imputado por delitos que podían suponer la no exigencia de las facturas y que también estaban imputadas las personas que reconocían y verificaban las mismas, la alcaldía emitió un decreto en el que se decidió que se paralizaba el expediente.

La alcaldesa lo hizo un día antes de que venciera el plazo para remitir la certificación de la deuda a Hacienda. En el mismo resolvía que por parte de Intervención se paralizara el expediente de tramitación de dichas facturas, no se incluyeran en la relación de obligaciones pendientes y se elevara consulta al juzgado sobre dicha cuestión.

La juez recoge que, por tanto, es un decreto de Alcaldía y un posterior informe del consejo de administración de Aranade los que originan que no se incluyesen las facturas. Añade que se podrá estar más o menos conforme con ellos pero que "ante las circunstancias que acontecían, no puede afirmarse que respondan a una conducta arbitraria de las imputadas".