​El Gobierno autoriza un trasvase de 15 hm³ del Tajo al Segura

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes una orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la que se autoriza un trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, para el mes de agosto. En Murcia, los regantes esperaban 20 hectómetros, por lo que la decisión se considera una "agresión". En Castilla La Mancha, se denuncia el expolio que supone este trasvase cuando los embalses de donde parte apenas tienen agua.

La orden oficial señala que la Dirección General del Agua ha estudiado la situación de los embalses de cabecera del Tajo, con un volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses Entrepeñas y Buendía, a fecha 1 de agosto de 2015, de 402 hectómetros, y que "se ha constatado que se está en situación hidrológica excepcional de nivel 3".

Dicha situación hidrológica excepcional establece que cuando concurran las condiciones hidrológicas de nivel 3, la autorización de trasvases le corresponde al ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación.

"En esta situación de nivel 3 corresponde al órgano competente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la autorización, de forma discrecional y motivada, de un volumen mensual de hasta 20 hectómetros cúbicos al mes", argumenta. Así, en base a los acuerdos y las normativa citada por lo que el departamento que dirige Isabel García Tejerina ha autorizado un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura de 15 hectómetros para el este mes de agosto.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, los embalses de la cabecera del Tajo han bajado esta semana 14,4 hectómetros y almacenan 379,2, lo que supone el 14,4 por ciento de su capacidad.Recurso al TC

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que recurrirá también este último trasvase de 15 hectómetros cúbicos al Levante, y va a estudiar un posible recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Montes que aprobó el Gobierno, que incluía "de tapadillo" en una disposición adicional el Memorándum del Tajo.

Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, en Guadalajara, donde ha querido comparecer ante los medios el día en el que se ha aprobado este último trasvase por ser precisamente esta provincia donde se encuentran los embalses de cabecera del Tajo.

Según De la Cruz, "pensamos que hay una base legal para el mismo --para el recurso de inconstitucionalidad-- pero lo está estudiando nuestro gabinete jurídico para ver las posibilidades que tenemos", ha precisado.

La Ley de Montes está aprobada pero entra en vigor el próximo 21 de octubre, con lo cual, según la titular de Fomento, tienen hasta esa fecha para poder presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la misma.

La titular de Fomento se ha mostrado convencida de que "es muy probable que sigan esquilmando el río amparándose en ese entramado de leyes retorcidas que aprobó el Gobierno del PP para aprobar otro trasvases seguramente en septiembre".

Según De la Cruz, fueron cinco presidentes de comunidades autónomas del PP los copartícipes en dejar que "este entramado de leyes permita que se sigan espoliando los pantanos de cabecera".

"Si yo fuera los regantes de Murcia me preocuparía de tener otras alternativas aparte del trasvase porque no hay agua", ha precisado, convencida de que hay que estudiar otras opciones para regar porque "en Castilla-La Mancha también queremos tener el mismo derecho", insistiendo en el diálogo como medio.Críticas desde Murcia

Por su lado, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) considera que la decisión tomada por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, "es una agresión a los regantes del trasvase, un golpe a la actividad económica y un mazazo al empleo".

En opinión de UPA-Murcia, el Gobierno de España "perjudica a los agricultores murcianos con las decisiones que adopta y también con las que no toma".

Por ello, denuncia "la falta de diligencia en la puesta en marcha de las medidas incluidas en el Decreto de Sequía y la todavía incumplida promesa de establecer un precio del agua desalada asumible por los agricultores".

Y es que, subraya, "la falta de soluciones a la falta de agua y la persistencia de la incertidumbre nos sitúa a las puertas de una respuesta contundente en defensa de los derechos e intereses de los agricultores murcianos", lo que UPA analizará y debatirá los próximos días con las organizaciones del sector.

UPA rechaza, además, "el respaldo que hace el Gobierno regional de la decisión tomada por el Ministerio" y le reclama "un giro de su posición para situarse en la defensa de la producción, la actividad económica y el empleo de la Región y no en el apoyo inexplicable a sus correligionarios políticos".