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Ley de Costas

Las playas se diferenciarán entre naturales y urbanas y en todas podrá haber chiringuitos

Europa Press. Madrid Actualizada 11/03/2014 a las 19:45
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La playa de la Zurriola de San Sebastián

Las playas españolas se clasificarán entre naturales y urbanas, una clasificación que realizarán las comunidades autónomas, según contempla el Reglamento que desarrolla la Ley de Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas de 1998 y que, en ambos casos, podrán tener chiringuitos.

Así, el reglamento que ha sido explicado este martes por el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, a los medios de comunicación regula por ley las condiciones de estas instalaciones en cuanto a ubicación, características y distancias entre sí y prohíbe expresamente la construcción de nuevas infraestructuras, así como la modificación de volumen y altura de las concesiones actuales.

Además, el reglamento, que cuenta con 232 artículos y más de 30 disposiciones adicionales, permite la transmisión de las concesiones intervivos y que los herederos de los titulares de concesión puedan mantener estas concesiones, así como sus prórrogas, siempre que comuniquen en el plazo de cuatro años el fallecimiento del titular. Igualmente, se podrán otorgar concesiones o autorizaciones a extranjeros, aunque este supuesto está condicionado a la prueba de reciprocidad en sus países de origen para los nacionales españoles.

El director general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, ha señalado que el texto estará expuesto a información pública hasta el 2 de abril y posteriormente se incluirán los cambios pertinentes y el nuevo texto será sometido al dictamen del Consejo de Estado, antes de llevarse al Consejo de Ministros. El texto incorpora las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Saavedra ha manifestado que el reglamento logra una protección de la costa "más eficaz", aporta "mayor seguridad jurídica" y logra que las actividades en la costa se realicen de forma más sostenible y eficaz. A su juicio, este reglamento "despeja incógnitas" porque "prohíbe definitivamente toda nueva edificación tanto en dominio público como en la zona de servidumbre de protección".

Se permiten obras de mejora energética 

Respecto a las concesiones, establece que podrán hacerse obras y mejoras de cara a hacer edificios más eficientes pero bajo ningún concepto se podrán aumentar volumen o altura. El incumplimiento de las normas de la concesión supondrán la cancelación de este permiso.


En cuanto a la distinción entre playas naturales y artificiales, el director general ha asegurado que las urbanas tienen menor valor ambiental que las naturales mientras que hasta ahora se permitían los mismos usos. Sin embargo, ha asegurado que "en la enorme superficie de playas naturales se congela la foto y no se podrán hacer nuevas instalaciones".

Así, serán tramos urbanos de las playas aquellos que no sean declarados de especial interés ambiental, paisajístico, arqueológico o similar, que los haga merecedores de protección o que sean colindantes con terrenos clasificados como urbanos o consolidados por la edificación, al menos en un 50 por ciento de su longitud; o bien que estén dotados de algunos servicios tales como accesos o suministros.

Mientras, en las playas naturales se podrán instalar edificaciones de servicio que se ubicarán fuera de ella así como "establecimientos expendedores" --chiringuitos-- de comidas y bebidas que, en todo caso no excederá de 70 metros, de los que como máximo 20 metros podrán ser cerrados. Además estas instalaciones serán de temporada y se tendrán que quitar cada temporada.

Los chiringuitos en playas naturales no podrán estar a menos de 300 metros de distancia y no podrán superar el 10% de la superficie de la playa en pleamar.

Chiringuito fijos de hasta 300 metros 

En las playas urbanas se permitirán chiringuitos fijos. El reglamento amplía los 100 metros de la normativa anterior hasta 150 metros fijos más 50 metros cerrables. En este caso, se podrán ampliar hasta 70 metros de terraza y 30 metros más para ofrecer servicios que serán de uso público a todos los usuarios de la playa, sin que en el establecimiento se pueda tener "derecho de admisión", con ello, podrán alcanzar hasta 300 metros.

"Se trata de conciliar el modelo de turismo con la protección del medio ambiente. El reglamento va a mejorar la conservación de las playas. Vamos a tener las mejores playas de Europa", ha valorado Costa que vaticina que, en general habrá menos chiringuitos que los 3.000 actuales, de los que unos 1.500 eran instalaciones fijas y de éstas, estaban reguladas unas 300. "Habrá menos edificaciones que hasta ahora", ha vaticinado Saavedra.

Por otro lado, el reglamento contempla los cambios de los deslindes a consecuencia del cambio climático y señala que la costa española se adaptará a la Estrategia Global de Cambio Climático, que habla de tramos en regresión y fija cuándo se establecer esta declaración. "Se hará en base a criterios físicos y morfológicos, no dependerá de los políticos del momento", ha asegurado Costa.

El reglamento define conceptos como playa, duna, marisma, estero, entre otros y fija los deslindes. Con carácter general, según el director de Costas, "se respetarán" los deslindes actuales aunque podrán ser modificados en caso de error.

Concretamente, los titulares de terrenos tras la revisión de deslindes que se incorporen al dominio público marítimo terrestre pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación por 75 años máximos y no deberán abonar el canon. En el caso de concesiones, se podrán ampliar hasta 50 años para establecimientos económicos y 30 años más en el caso de chiringuitos y servicios públicos. Asimismo, todos los establecimientos de temporada tendrán concesiones por cuatro años, aunque las instalaciones tendrán que levantarse al final de cada temporada.

En este sentido, el director general ha manifestado que el Gobierno intentará "ayudar a todos" y se les dará un plazo para adaptarse y reformase, pero los que no sean adaptables "se tendrán que demoler". Hasta entonces, ha asegurado que el Estado aplicará el reglamento con "criterios prudentes". "Quien haya cometido ilegalidad no tendrá derecho a prórroga, porque la ilegalidad invalida la concesión", ha recordado Saavedra que ha puntualizado que será el titular de la concesión el encargado del derribo y la restauración de la zona antes ocupada.







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