Tráfico

La DGT implantará controles de drogas similares a los de alcohol

La asignatura que sustituye a Educación para la Ciudadanía tendrá un fuerte contenido de educación vial. El Ejecutivo prevé que 1.000 funcionarios se reconviertan en formadores de seguridad vial.

Un agente de la Guardia Civil, en un control en la A-1
La DGT pone en marcha un dispositivo de control de camiones y furgonetas
EFE

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se estructurará un programa de detección de conducción bajo los efectos de la droga análogo a los controles de detección de alcoholemia, durante su primera comparecencia en el cargo en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso, en la que ha insistido en que el Ejecutivo va a mantener "tolerancia cero en drogas al volante".


Así, ha reconocido que queda trabajo por recorrer frente a las "impactantes cifras registradas" ya que, mientras el total de pruebas de alcoholemia en 2011 fue superior a los 6,3 millones, solo en un 1,79% de los casos se dio positivo; en el caso de los controles de drogas al volante, y sin incluir el alcohol, se ejercieron "solo" 705 pruebas y el indicador de positivos fue del 51,21%.


El portavoz socialista en la materia, Carles Corcuera, le ha reprochado que si el Ejecutivo anterior no emprendió más controles antidroga en la conducción fue por problemas legales, que finalmente fueron solventados, mientras que, entre otros puntos, Fernández Díaz ha indicado que su coste era muy elevado.

Nueva asignatura


Por otro lado, ha adelantado que la nueva asignatura de 'Educación Cívica y Constitucional', que sustituirá a la de Educación para la Ciudadanía (EpC), tendrá un fuerte contenido en educación vial. Es más, ha asegurado que ya ha mantenido conversaciones con su homólogo de Educación, José Ignacio Wert sobre esta nueva materia.


Además, ha adelantado que el Ejecutivo prevé organizar a los aproximadamente mil empleados públicos dedicados a tareas administrativas y reconvertirlos, por ejemplo, en formadores de seguridad vial o colaboradores de seguridad vial, con el objetivo de racionalizar la gestión económica y presupuestaria de la Dirección General de Tráfico (DGT).


"Del mismo modo que el uso de radares libera a los agentes de la Guardia Civil de la monitorización de la velocidad y permite que concentren su actuación en otras actividades como realizar controles de alcoholemia, podemos y debemos organizar a estos aproximadamente mil empleados públicos", ha explicado, con el objetivo de racionalizar la gestión de los medios en materia de tráfico.

Reducir víctimas y lesiones


"No es solo reducir accidentes sino reducir lesiones. Es un cambio de chip", ha puntualizado, un objetivo al que la portavoz de IU en la materia, Ascensión De las Heras, ha hecho referencia, el hecho de llegar al "objetivo cero" de víctimas, aunque pueda "sonar a utópico".


En esta línea, el ministro de Interior considera que la vigilancia y el cumplimiento de la ley son, junto con las campañas de información y concienciación, las herramientas de control "más eficaces" para incrementar la seguridad en los desplazamientos. De hecho, ha comenzado su intervención insistiendo en que el eje fundamental de la actuación de la DGT es la reducción del número de víctimas de tráfico.


Con todo ello, durante su intervención ha puesto sobre la mesa diversas medidas que cree "importantes", como la reducción de la antigüedad del parque móvil, así como el número de vehículos que circula por las carreteras. De esta forma, ha indicado que va a promover la colaboración con el Ministerio de Industria, para reducir de forma impositiva en la adquisición de vehículos nuevos, y, por otra, insistir en la necesidad de modificar los hábitos en favor del transporte público.

Movilidad sostenible


Asimismo, considera "esencial" examinar la adecuada monitorización de las cifras de siniestralidad, de modo que estas reflejen la realidad de los casos de mortalidad. Por ello, ha dicho que hay buscar una alternativa al llamado 'indicador rápido' o cómputo de víctimas tras 24 horas, que refleje "la verdadera magnitud de la accidentalidad", que se obtendrá cuando se pueda manejar un sistema de recogida de datos integral en el que cooperen ayuntamientos y las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad y Justicia.


"Para que se hagan una idea, los datos globales sobre la siniestralidad del año 2010 no estuvieron disponibles hasta el último trimestre del 2011", ha advertido. A su juicio, el Gobierno debería ser capaz de ofrecer datos completos sobre fallecidos, heridos y personas con secuelas, tanto físicas como psíquicas, y hacerlo en un plazo de actuación más breve.

Un impulso a la bicicleta


Al mismo tiempo, ha señalado que el Gobierno estudia en estos momentos la reforma del Reglamento General de Circulación, que dejó pendiente el anterior Ejecutivo, y que contemplaba el impulso de la bicicleta y el fomento de las zonas limitadas a 30 kilómetros por hora dentro de las ciudades.


En este sentido, ha confirmado ante la petición del portavoz de CiU, Jordi Jané, que en dicha modificación se estudia que los vehículos de emergencias cuenten con un rotativo azul, igual que en el resto de Europa.


Asimismo, ha anunciado la elaboración y aprobación en 2012 del Real Decreto por el que se transponga la directiva europea de 2010, por la que se establece el marco de apoyo para la implantación de los Sistemas de Transporte Inteligentes (STI), en el sector del transporte por carretera y la implantación de sistemas de información con otros modos de transporte.


Las sanciones


Durante su exposición, ha enumerado finalmente que el Ministerio continuará con la modernización de los trámites relacionados con el vehículo, facilitando a los ciudadanos la tramitación de las siguientes gestiones: matriculación telemática de vehículos, recepción de informes relativos a vehículos vía Internet, transferencias telemáticas de vehículos de segunda mano y anotación telemática del resultado de la Inspección Técnica de Vehículos.


En cuanto al establecimiento de mejoras en el proceso de imposición de sanciones de tráfico, Fernández Díaz prevé actualizar los domicilios que figuran en el Registro de Conductores, para evitar que las notificaciones del procedimiento sancionador sean fallidas, así como introducir un sistema de calidad y auditoría en el procedimiento sancionador, documentando todo el proceso, además de extender a todo el territorio nacional el pago con tarjeta en carretera de las sanciones impuestas.