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PSOE, PP y CiU alcanzaron ayer un acuerdo para rescatar la ley Sinde en el Senado, a través de una enmienda conjunta que refuerza las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor.

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, aseguró, tras alcanzarse el acuerdo, que la enmienda «sobre todo refuerza las garantías» de derechos fundamentales «que ya existían», al tiempo que expresó el compromiso del Gobierno de modificar el canon digital ajustándolo a las sentencias europeas.

En declaraciones en el Senado, aseguró que este compromiso, reclamado insistentemente por el PP, no es «una derrota», porque «alcanzar un consenso es una victoria, sobre todo para los ciudadanos y los usuarios». «Hemos incluido el compromiso del Gobierno de modificar el canon. Esto es también importante y ya veníamos trabajando en ese nuevo modelo de canon que se ajuste a la sentencia europea», señaló.

A su juicio, el consenso alcanzado con el PP permite «que se garanticen y refuercen derechos como el de la intimidad y el de la libertad de expresión».

Un «cambio profundo» para el PP

La propuesta fue acordada cuatro horas antes de que concluyera el plazo para la presentación de enmiendas en el Senado a la Ley de Economía Sostenible. Según el PP, el texto de la enmienda es «totalmente diferente» a lo que contenía la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, conocida como ley Sinde, rechazada en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre.

«Se trata de un cambio profundo» en la regulación de la anterior norma antidescargas, añadieron las mismas fuentes. La enmienda ratifica la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, para ejercer funciones de mediación y arbitraje y examinar las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.

Se añade que todo requerimiento de cierre de una web a dicha comisión «exigirá la previa autorización judicial», que deberá ser aceptada o rechazada por el Juzgado en un plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal. Una vez obtenida la autorización, las páginas web «estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación».

La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos pero, antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que «en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores» o realizar las alegaciones que considere oportunas.
 

Previa autorización judicial

Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente estará obligado, en un plazo de entre dos y cinco días, a presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución.

En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes. La falta de resolución en los plazos determinados «tendrá efectos desestimatorios de la solicitud», añade el texto.

Durante todo el día el Gobierno y el PP negociaron con discreción el acuerdo que ya ayer por la mañana, en opinión de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, era posible siempre que el PSOE introdujera garantías judiciales en la aplicación de las normas contra la piratería en internet.

El Senado acordó el pasado martes ampliar hasta ayer el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Economía Sostenible, que contiene una disposición final con medidas para combatir la piratería en internet.