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Los Policías Locales inician desde hoy una huelga de celo indefinida y dejarán de hacer horas extra. Así lo acordaron en la asamblea que convocó ayer el sindicato mayoritario CSL y que fue respaldada por casi la totalidad de los asistentes. Precisamente, la protesta de los agentes coincide con la de los bomberos (respaldada por los sindicatos CSL, CC. OO. y UGT), que también anunciaron hace unos días que dejarán de hacer horas extraordinarias a partir de hoy (desde el 10 de marzo harán también una huelga indefinida).

Los policías aplicarán estas medidas de presión para conseguir la reclasificación que desde hace años los agentes llevan solicitando. "Estamos dispuestos a llegar hasta el final. Queremos que se reconozca nuestra labor", puntualizó Tomas García, de CSL-CIPOL. En estos momentos, solo es necesario tener el graduado escolar para poder ser Policía Local y piden que se les clasifique en el grupo C-1. "Así pasa en el resto de España", destacó García.

Los policías decidieron no participar voluntariamente en ninguna actividad profesional (cursos de formación o cambio de vacaciones de verano, por ejemplo) y realizar un "trabajo escrupuloso", "cumpliendo al máximo la reglamentación vigente". Además, anunciaron concentraciones y otras actuaciones reivindicativas en conjunto con el colectivo de bomberos, que también, denuncian, un problema de falta de plantilla. "A pesar de lo que diga el Ayuntamiento no se ha resuelto ni mucho menos el problema", señaló Manuel Yagüe, de CSL.

Así, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha conseguido frenar el conflicto de estos dos colectivos pese a haber convocado 83 plazas de bombero para cubrir vacantes y permitir que todos los funcionarios puedan disfrutar de las vacaciones durante el verano (no podían disfrutarlas inicialmente por la muestra internacional). "Solo nos han solucionado una parte de los problemas", declaró Luis Lampérez, de CC. OO.

Por otra parte, sí que se ha conseguido solucionar la polémica del nuevo cuartel de la Policía Local. El teniente de alcalde de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, dio ayer por zanjada la polémica por la que el Estado exigía en los tribunales al Ayuntamiento de Zaragoza parte de los suelos que se permutaron para pagar la construcción de las instalaciones.

Solución para el cuartel

Pérez Anadón aseguró ayer que la Administración General del Estado ha renunciado, y así lo ha transmitido por escrito, su renuncia a las acciones legales que había planteado respecto a este asunto. "Ha desistido y hay una renuncia expresa, por lo que de esta manera se evita cualquier problema en esta obra", manifestó.

El Gobierno central, a través de la Delegación de Economía y Hacienda en Aragón, había acudido a los tribunales, después de que no llegara a buen término un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que se remonta a 1988. Entonces, el Consistorio cedía a la CHE aprovechamientos urbanísticos en los terrenos de la antigua Alumalsa, que tiene capacidad para 106 viviendas de precio libre. A cambio, el Ayuntamiento recibía zonas verdes que se convirtieron en el Jardín de la Memoria, en el barrio de San José. Sin embargo, en 2005 se alcanzó otro protocolo, por el que el Ayuntamiento recibía el solar del Jardín de la Memoria y el Ministerio una superficie de 52.000 metros cuadrados en Valdespartera para construir un cuartel de la Guardia Civil.

Precisamente, con gran parte de los terrenos de la antigua Alumalsa se pagan las obras del cuartel. La UTE Sacyr y Marcor Ebro hace el equipamiento a cambio de la cesión de suelo para una parcela hotelera y 123 pisos, la mayoría ubicados en los terrenos que se disputaban ambas administraciones.