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Zaragoza. Pediatras, matronas, trabajadores sociales y maestros, entre otros, se preparan para implantar un protocolo con el que se da un paso más para luchar contra la mutilación genital femenina (MGF). Aragón es la quinta comunidad autónoma de España con más población de riesgo, ya que tiene empadronadas a 2.464 mujeres de estas zonas, de las que más de 800 son niñas, y aunque ya contaba con un documento de este tipo basado en recomendaciones de actuación, el de ahora recoge un esfuerzo por trabajar de forma coordinada para erradicar este salvaje trance.

El protocolo está ya terminado, a la espera de ser revisado y publicado. En su elaboración han participado, entre otros, el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), el de Salud y Consumo y el de Educación. Apuesta por el trabajo interdisciplinar entre profesionales, y una de sus mejores bazas será el compromiso voluntario, un documento que estará en manos de pediatras y trabajadores sociales y ludotecas o directores de colegios.

Su uso será decisivo en el caso de que las menores vayan a viajar de forma inminente a su país de origen. En este caso, aprovechando el apoyo de Cáritas, de los centros escolares, de los propios vecinos o del centro de vacunación internacional (adonde deben acudir las familias antes de viajar) se intentará trasladar el asunto al centro de salud. El pediatra facilitará el documento a la familia, ayudado por un trabajador social. Además, revisará a la menor y le dará cita para cuando regrese, con el fin de descartar la mutilación.

El compromiso preventivo deberá ser comprensible para la familia, a la que se le informará de las consecuencias legales, físicas y psicológicas de la práctica. Pero la firma del mismo por parte de los padres será siempre voluntaria. En caso de que no quieran suscribirlo o hubiera indicios de que están a favor de la práctica, los padres serán citados a una reunión con el pediatra, el IAM y los Servicios Sociales, que les ofrecerán, de nuevo, acogerse al compromiso voluntario. Si nada de esto funciona, la última opción será recurrir a la Fiscalía de Menores, que podría retirarles la custodia o impedir que la niña viaje con la familia.

Todos los profesionales implicados recibirán formación, y el protocolo se dará a conocer a través de plataformas públicas, como la de Salud Informa. No obstante, fuentes cercanas al proyecto insisten en que no pretenden que se trate de un protocolo con un espíritu sancionador o coercitivo. "Intentamos prevenir, educar y erradicar, no asustar ni amenazar. No nos gustaría que los esfuerzos se centrasen en las herramientas judiciales o policiales", concretan fuentes del IAM.

Presiones familiares

El compromiso voluntario, que sigue el modelo sanitario del consentimiento informado, será sobre todo vital para los padres de las menores. Muchos, al volver a sus poblados y ciudades de origen, deben soportar las presiones de sus familiares, que no entienden que España y otros países prohiban sus costumbres. Pero si ven un documento que llevaría a sus hijos a la cárcel, la cosa cambia.

Las complicaciones de la mutilación pueden afectar a la mujer de por vida, causándole hemorragias, infecciones, lesiones anatómicas y orgánicas, dolor en las relaciones sexuales, infertilidad, problemas en el parto y, por supuesto, daño psicológico. Algunos grupos la siguen practicando por motivos religiosos (a pesar de que el Corán no la menciona), porque creen que garantiza la fidelidad y la fertilidad, por estética o por higiene. Hoy en día, se considera un atentado contra los derechos humanos y un atentado contra la salud. Promueve el daño, el maltrato, la tortura y acarrea un trato cruel, inhumano y degradante que será irreparable para quien la padece.

Esta horrible práctica aún no ha logrado ser eliminada, a pesar de que está penada con cárcel en Europa y en muchos países africanos. La ley española la castiga con penas de entre 6 y 12 años de cárcel y con la pérdida de la potestad sobre los hijos.

Aragón es una de las comunidades con más población proviniente de zonas de riesgo, como Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Mauritania, Ghana, Camerún o Mali. Según un informe de la antropóloga Adriana Kaplan, que cuenta con el apoyo del Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales, hay 10.376 personas de estas nacionalidades en Huesca, Zaragoza y Teruel, de las que 2.500 son mujeres. Las gambianas son las más numerosas (hay más de 500), seguidas a cierta distancia por el grupo de féminas de Guinea, Senegal, Nigeria o Ghana (entre 250 y 350 mujeres de cada país). La mayoría residen en Zaragoza y un tercio de todas ellas, es decir unas 800, son niñas que se pueden considerar como en riesgo potencial.