Numerosos artistas y las ocho principales entidades encargadas de gestionar los derechos de los autores españoles, pidieron ayer la retirada del proyecto de Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que actualmente se tramita en el Senado. Los portavoces de las asociaciones acusaron al Gobierno de haberlas marginado en la fase negociadora y haber sucumbido a los intereses de los grupos de presión.

En un acto celebrado ayer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, los artistas y empresarios aseguraron que de aprobarse la norma tal y como se encuentra ahora se ahondaría en la destrucción de puestos de trabajo en un sector que ya perdió 25.000 empleos en 2013. La industria cultural deplora la desidia de los sucesivos gobiernos ante la piratería y el poder de las compañías tecnológicas que, a su juicio, parasitan sus creaciones.

La industria cultural está muy descontenta con el proyecto, que viene a agravar los males de un gremio ya muy perjudicado por el incremento del IVA de un 8% a un 21%. El presidente de la SGAE, José Luis Acosta, demandó la implicación directa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al entender que el Ministerio de Cultura acata sin rechistar los mandatos que emanan del departamento que dirige Cristóbal Montoro. "La secretaría de Estado se ha sometido a las peticiones de los grupos de presión, cuyo mayor interés es pagar menos o nada por las obras, interpretaciones y producciones que tan lucrativamente explotan, despreciando el respeto al derecho al trabajo y al valor esencial de la cultura", reivindicaban ayer. 

La cultura emplea a 433.000 personas y supone el 3,5% del PIB, pero el sector se siente ninguneado por el Ejecutivo. Los promotores de la protesta están en contra de una ley que consagra una regulación de la copia privada "arbitraria e injusta", cuando se trata de un sistema de compensación al autor que está presente en toda la Unión Europea. La reivindicación de la industria cultural coincide con la iniciativa del Tribunal Supremo de enviar una consulta al Tribunal de Justicia de Luxemburgo para saber si el canon por copia privada con cargo a los presupuestos se ajusta a la legislación comunitaria.

Las asociaciones están dispuestas a someterse a los controles públicos pertinentes y rendir cuentas, pero no a ser intervenidas por el Estado. "Los artistas, autores y editores decimos ‘sí’ al control y fiscalización del Gobierno a las entidades y su gestión, ‘no’ a la intervención del Gobierno sobre las entidades y su gestión", aseguró Luis Cobos, presidente de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes.