Después de tanta polémica, el tratado de libre comercio Canadá-UE (CETA) ya está en marcha.

La UE es una economía con 500 millones de habitantes y un PIB más de diez veces mayor que el de Canadá: si una parte debería estar preocupada, es la canadiense. Más importante aún, estamos convencidos de que es un muy buen acuerdo que beneficia a las dos partes. Lo consideramos el primer acuerdo que representa una agenda social progresista: al mismo tiempo que liberalizamos nuestras relaciones económicas, estipulamos una serie de reglas en cuanto a protección de derechos laborales, del medio ambiente, promoción de la sostenibilidad, etc., que van a dar forma a la globalización en futuros acuerdos.

¿Por qué es tan negativa la imagen de los tratados comerciales?

Lo hemos analizado mucho. Creemos que las razones tienen que ver con los cambios en la economía global; en parte por cambios tecnológicos, que han perjudicado a amplios sectores de la población que se han sentido vulnerables y un poco abandonados. La lección que sacamos es que en este tipo de acuerdos, al igual que en nuestras políticas domésticas, debemos hacer lo que sea para asegurar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a sus beneficios. Que el crecimiento que el acuerdo va a crear contribuya a elevar el nivel de vida de toda la sociedad.

Hay sectores del independentismo que reclaman una Ley de Claridad para España. Como canadiense, ¿lo ve viable?

Primero, he de decir que para nosotros la situación de Cataluña es un problema interno de España y no vemos útil que terceros países comenten ese conflicto. Cada país tiene su propia historia, su propia cultura política, su marco legal, su Constitución… Hay que tener mucho cuidado al comparar y llegar a la conclusión de que se puede simplemente trasladar una experiencia que puede haber tenido un cierto éxito.

Según la OCDE, en España las regiones recaudan un 14% de los impuestos;en Canadá, un 39,5%. ¿Hay tensiones con este asunto?

En Canadá tenemos un sistema federal, y las provincias –equivalentes a las comunidades en España– tienen muchísimas competencias: somos, por ejemplo, de los pocos países que no tiene un ministerio de educación a nivel nacional. Nuestro sistema fiscal ha ido evolucionando durante mucho tiempo. Todo impuesto lo recauda el Gobierno federal –un acuerdo establecido para evitar duplicidades–, pero luego se distribuye directamente a las provincias a partir de los tipos que han aprobado establecer. Además, hay un principio de solidaridad (‘fiscal equalization’) en función de la situación económica de cada provincia: si una provincia tiene beneficios un año, se convierte en donante, mientras que en otros periodos puede ser receptora.

Justin Trudeau es uno de los mandatarios con más carisma de la actualidad. Sobre todo, al lado de su vecino del sur.

Desde siempre, y por motivos históricos y geográficos, Estados Unidos es nuestro socio más cercano. La relación económica es enorme, gestionamos un mismo espacio medioambiental… Siempre haremos todo lo posible para asegurar que la relación funciona para las dos partes.

Acnur ha pedido a España un sistema de acogida de refugiados similar al que Canadá aplica desde hace décadas. ¿En qué consiste?

Es una especie de patrocinio comunitario:un sistema por el que el Gobierno recibe los refugiados designados por Acnur y después grupos privados, como vecinos, comunidades religiosas o escuelas, deciden patrocinar a un número de refugiados; ellos se hacen responsables de ellos, de apoyarles a nivel financiero y social. Eso ha permitido a Canadá recibir más refugiados de lo que habría sido posible con recursos públicos. Además, la integración de los refugiados, ya sea en términos de inclusión, de empleo o de resultados educativos, es más exitosa.