El caso del expolio de los cascos celtibéricos de Aranda de Moncayo ha entrado en su recta final. La sección 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha fijado ya la fecha del juicio. Las sesiones comenzarán el 2 de abril, con el interrogatorio de los acusados, la prueba testifical de los funcionarios de la Guardia Civil y las declaraciones de tres testigos, uno de ellos protegido. Y el día siguiente se procederá a ver el resto de pruebas y a las conclusiones. El juicio se celebrará en la sala número 3.

Dos personas se sentarán en el banquillo: Ricardo Granada, vecino de Illueca que presuntamente encontró los cascos cuando prospectaba el yacimiento arqueológico con un detector de metales; y Mariano Ostalé, vecino de Alagón al que se detuvo, también en 2013, acusado de hurto de patrimonio y receptación.

Para el primero de ellos, Ricardo Granada, el fiscal pide 3 años de cárcel y multa de 120.000 euros por posesión y transmisión de bienes, sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva; y otros dos años de prisión y multa de 18 meses con cuota diaria de 12 euros por un delito contra el patrimonio histórico. Para Ostalé, al que acusa también de posesión y trasmisión de bienes con origen en una actividad delictiva, le pide tres años de prisión y 180.000 euros de multa. También solicita el regreso de los cascos a España y su entrega a la Comunidad Autónoma de Aragón. Y, en caso de que ello no sea posible, que se tasen y que Ricardo Granada indemnice por su valor.

Las acusaciones particulares

El Gobierno de Aragón, que ejerce la acusación particular, pide para cada acusado cuatro años de prisión por un delito de daños contra el Patrimonio Histórico, tres por delito de contrabando, y una indemnización conjunta de 106.825 euros por los daños causados al yacimiento.

El Ayuntamiento de Aranda de Moncayo, que también ejerce la acusación particular, pide para cada uno de los acusados tres años de cárcel y una multa de 24 meses con una cuota diaria de 50 euros, por el delito continuado de daños contra el Patrimonio Histórico Español, y tres años de prisión y una multa de 184.000 euros por el delito de contrabando. Solicita además que los acusados paguen de su bolsillo el coste de la restauración de los daños causados al yacimiento.

Así está el caso, mientras fiscalía, Gobierno de Aragón y defensa acaban de perfilar sus estrategias. En el juicio, que se presume que levantará expectación, declararán tanto vecinos de Aranda de Moncayo y guardias civiles que han participado en la investigación, como algunos de los más prestigiosos especialistas en la cultura celtibérica, desde Martín Almagro a Alberto Lorrio, pasando por Fernando Quesada, Raimon Graells, Markus Egg y Michel Müller-Karpe, además de dos responsables de la sala de subastas alemana donde se vendieron algunas de las piezas. Los residentes en el extranjero lo harán por videoconferencia.

El Gobierno de Aragón, consultado por este periódico, quiere mantener la línea de trabajo que ha llevado desde hace años y no dice nada salvo que "el Departamento de Cultura es siempre respetuoso con los procesos judiciales abiertos y acatará el fallo que resulte".

Por el contrario, la defensa de los dos acusados, a los que representa el abogado José María Viladés, considera que no cometieron los delitos de los que se les acusa y pide la absolución. "Ha sido una instrucción amplia y muy compleja –subraya–, pero no veo en el sumario pruebas que los incriminen. Se basa todo en presunciones. Va a ser un juicio muy mediático porque la prensa se ha ocupado mucho de este caso, pero me da la sensación de que las autoridades culturales han querido salvar la cara por no haber impedido en su día que estas piezas salieran a subasta".