EN ESPAÑA
Uno de cada cuatro niños, bajo el umbral de la pobreza
Un informe de la Plataforma Infanciapone de relieve que la pobreza infantil es un 33% más alta que en los adultos de 18 a 65 años, superior a la media total de la población y sólo se ve superada por el índice de pobreza de los mayores de 65 años.
El 24% de los niños y niñas en España vive bajo el umbral de la pobreza, un porcentaje que sitúa al país en el cuarto puesto de la Unión Europea.
Así se recoge en el informe complementario de la Plataforma Infancia que analiza cómo se aplica en España la Convención sobre los Derechos del Niño y que el próximo día 16 se defenderá en Ginebra ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
En su presentación, el presiente de la Plataforma, Alberto Soteres, ha explicado que por primera vez este año se incorpora "la voz de los niños" mediante una encuesta realizada a un total de 271 menores.
El informe identifica las 15 principales preocupaciones en relación con la infancia y señala 15 recomendaciones al Gobierno, ha señalado el director de la Plataforma, Ángel Hernández.
Las principales tareas que señala son la coordinación efectiva de los recursos, un mayor peso de la pobreza infantil en la agenda política y una apuesta por un Pacto de Estado que dé estabilidad al sistema educativo.
El informe pone de relieve que la pobreza infantil es un 33% más alta que en los adultos de 18 a 65 años, superior a la media total de la población y sólo se ve superada por el índice de pobreza de los mayores de 65 años.
El porcentaje del 24 por ciento de niños que vive bajo el umbral de la pobreza se mantiene estable desde hace años, por lo que Gabriel González Bueno, de Unicef, ha lamentado que no se hayan aprovechado los años de bonanza económica para reducirlo.
El informe hace especial hincapié en las diferencias que existen entre los recursos que las diferentes comunidades autónomas dedican a la infancia, aunque no realiza un ránking debido a la dificultad para identificar el presupuesto real destinado a este área.
La coordinadora del informe, Conchi Ballesteros, ha expresado el temor a que la crisis provoque una reducción drástica de las inversiones y ha pedido a las administraciones que garanticen a todos los niños, independientemente de su lugar de residencia, el acceso igualitario a unos servicios sociales básicos.
El incremento del consumo de televisión, videojuegos, internet y publicidad por parte de los niños lleva parejo una falta de financiación para evaluar los contenidos que se emiten y para producir más contenidos educativos, señala el informe.
El estudio denuncia también la falta de un procedimiento uniforme que determine el "interés superior" de los menores no acompañados, que garantice la interpretación particularizada de cada caso.
En cuanto a la violencia ejercida a los menores, no existe un conocimiento riguroso de la dimensión del problema, por lo que el informe solicita asegurar unos estándares mínimos entre las distintas comunidades autónomas.
El crecimiento del número de trastornos psíquicos y psicológicos en la población infantil y juvenil, la falta de normativa que regule de forma general las ludotecas y la diferencia entre la distribución de recursos que cada administración autonómica dedica al ámbito de la justicia juvenil son otros de los problemas detectados.
