Tribunales

Un tribunal con conservadores y progresistas, pero unánime contra Garzón

El presidente del tribunal durante el juicio fue el alicantino Joaquín Giménez, magistrado que, como Varela, fue miembro fundador la asociación progresista Jueces para la Democracia.

La sala del Tribunal Supremo que ha condenado a Garzón por ordenar las escuchas del "caso Gürtel" lo ha hecho por unanimidad pese a que sus 7 miembros, cuya imparcialidad fue puesta en duda por el juez desde el principio, se reparten casi al cincuenta por ciento entre conservadores y progresistas.


La condena al juez español con mayor prestigio internacional necesitaba unanimidad para resistir mejor las críticas que, sin duda, iban a llegar desde numerosos sectores, y haya pesado esto o no en los magistrados, el caso es que si alguno tenía reticencias para condenar a Garzón ha optado por no dar una imagen de división desde el más alto interprete de la jurisprudencia española.


De la sala que juzgó a Garzón formaban parte los siete magistrados que han firmado la sentencia: Joaquín Gímenez, Andrés Martínez-Arrieta, Miguel Colmenero -que ha sido el ponente-, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena.


El presidente del tribunal durante el juicio fue el alicantino Joaquín Giménez, magistrado que, como Varela, fue miembro fundador la asociación progresista Jueces para la Democracia, que abandonó en enero de 1998, junto a otros históricos, por algunas discrepancias.


En esa misma línea progresista o moderada podría ser situado Martínez Arrieta, por haber formado parte del comité fundador de la asociación judicial "Francisco de Vitoria", también alejada de los planteamientos de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera.


De esa asociación sí forman parte Francisco Monterde, que fue también vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, y Juan Ramón Berdugo.


En ese sector son enmarcados además el ponente de la sentencia, Miguel Colmenero, expresidente de la conservadora Asociación de Fiscales, y Manuel Marchena, que también llegó al Supremo procedente de la carrera fiscal.


Pero de los siete miembros del tribunal, han sido Varela y Marchena los más cuestionados por Garzón, ya que ambos magistrados han sido los instructores de las otras dos causas que le abrió el Supremo: la relativa a los crímenes del franquismo, por la que ya ha sido juzgado, y la que investiga los patrocinios de los cursos que impartió en Nueva York.


Este, sin embargo, no fue el primer tribunal designado para juzgarle.


Desde que se conoció la fecha de la vista y la composición del tribunal, Garzón intentó apartar del mismo a los magistrados que consideraba "contaminados" por falta de imparcialidad.


Así, fue presentando una recusación tras otra y logró excluir a cinco de los siete magistrados designados inicialmente -Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Soriano y José Manuel Maza- porque ya habían intervenido en la admisión de la querella y la resolución de recursos.


Sin embargo, no lo logró con Marchena y Varela, aunque insistió en recusarles hasta el primer día de la vista oral.


Las sospechas de imparcialidad expresadas por el abogado de Garzón no fueron admitidas por el tribunal, que ya entonces respaldó la neutralidad de sus compañeros.


Finalmente, el fallo y el contenido de la sentencia ha sido también respaldado por la unanimidad de los siete magistrados, lo que deja fuera el hipotético encuadre ideológico para explicar el sentido de la sentencia condenatoria.