madrid. En Cataluña es un clamor, pero en Madrid ponen sordina a la petición de inmediata renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por su incapacidad para resolver los recursos contra el Estatuto de Cataluña. José Luis Rodríguez Zapatero no ha dicho su última palabra, pero muestra cierta disposición a encarar la sustitución de los magistrados que han acabado o acaban su mandato en los próximos meses. Mariano Rajoy, sin embargo, no tiene esa misma inclinación y guarda con celo la llave de los reemplazos sabedor de que el apoyo del PP es imprescindible.

La imposibilidad de emitir una sentencia sobre el recurso de los populares contra el 'Estatut' ha hecho que aflore otro problema que estaba ahí, tapado por las deliberaciones, la renovación de los magistrados de la corte. De los diez que participan en el debate, cuatro, entre ellos la presidenta María Emilia Casas, tienen su mandato vencido desde diciembre de 2007, y tres tienen fecha de caducidad para noviembre de este año. Es decir que si se retoman las deliberaciones y no hay un fallo inmediato, como todo hace prever, solo tres reunirían las condiciones para tomar una decisión.

Esta es la parte formal que ameritaría la inmediata renovación del órgano constitucional. La razón política para proceder al recambio radica en que el tribunal ha demostrado que con la composición que tiene llegar a un acuerdo sobre el 'Estatut' está fuera de su alcance. No hay mayoría para una lectura flexible del marco de autogobierno catalán, como se pudo comprobar el viernes con la votación del quinto borrador elaborado por la ponente Elisa Pérez Vera. Su informe recibió cuatro de los diez votos.

Pero tampoco la hay para una interpretación restrictiva que cercene la mayoría del articulado. De plasmarse esta filosofía en una ponencia solo tendría asegurados tres apoyos de los diez posibles.

Situación enquistada

Los planteamientos intermedios, encarnados por tres de los magistrados, tampoco garantizan la mayoría, salvo que logren adhesiones de algún miembro de los dos grupos contrapuestos. Un movimiento que en los casi 1.500 días de deliberaciones no se ha producido. La situación está enquistada y no parece que el informe que pueda elaborar el nuevo ponente, el conservador Guillermo Jiménez, vaya a romper el bloqueo.

La solución, sin embargo, no se vislumbra, al menos a corto plazo. Los cuatro jueces que se debían haber reemplazado en diciembre de 2007, tres conservadores y uno progresista, corresponden a la cuota del Senado, cámara en la que el PP es la fuerza con más representantes, pero sin mayoría. Las negociaciones apuntaban a la designación de dos representantes para cada bloque, pero quedaron congeladas por los nombres de los candidatos del partido opositor, Enrique López y Francisco Hernando, inasumibles para los socialistas pues en la pasada legislatura fueron los arietes judiciales contra el Gobierno de Zapatero.

Los tres magistrados que se tienen que renovar en noviembre de este año, dos progresistas y un conservador, en realidad son cuatro porque García-Calvo, el conservador que falleció en 2008, entraba en este turno. El cuarteto es la cuota del Congreso, donde el PSOE tiene mayoría relativa que con los nacionalistas es absoluta. Pero el PP tiene mucho que decir porque los candidatos necesitan el respaldo de dos tercios de la cámara, un listón que sin los populares es inalcanzable. El Congreso, por tanto, es muy posible que, si se encara la renovación, reparta sus representantes entre los dos bloques.

En el supuesto de que se produzca este reparto la correlación de fuerzas en el Constitucional experimentará un vuelco porque de los cuatro que tienen mandato en vigor hasta 2013, tres son progresistas, entre ellos está el recusado Pérez Tremps, y uno conservador. Es decir, que sería muy posible que los 12 puestos se repartan entre siete magistrados avalados por el PSOE, y quizá algún grupo nacionalista, y cinco propuestos por el PP. Así las cosas, no es de extrañar que Rajoy no tenga la menor prisa en renovar la corte que vela por el cumplimiento de la Constitución porque con ese nuevo reparto el recurso de su partido contra el 'Estatut' estaría condenado al cesto de los papeles.

La realidad

Estas cábalas deberían estar fuera de lugar si el funcionamiento del tribunal fuera acorde con las disposiciones constitucionales, léase imparcial y no sujeto a las cuotas y dictados partidarios, pero la realidad ha demostrado que los bloques ideológicos opinan a toque de trompeta de sus avalistas.

Si Rajoy no tiene prisa por renovar el TC, tampoco tiene mucha más Zapatero, al menos hasta ahora. Que en los tres años y medio largos de deliberaciones no haya sido posible el acuerdo no era malo para los intereses de los socialistas con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina. Pero el último fracaso ha sido la gota que colmó el vaso de la paciencia de José Montilla, quien le reclamó con firmeza la renovación de la corte.