'REBELIÓN' CONTRA EL GOBIERNO

¿Qué pasa en España con la Guardia Civil?

En cuestión de semanas los agentes se han manifestado en dos ocasiones, han protagonizado una huelga de 'bolis caídos' (dejar de poner multas), se han enfrentado (y ganado) al Ministerio del Interior en los tribunales y los líderes de sus principales asociaciones profesionales están expedientados por orden de Alfredo Pérez Rubalcaba

La manifestación ha discurrido en un ambiente festivo por las calles de Madrid.
Imagen de la manifestación convocada por las asociaciones de guardias civiles.
EFE.

¿Qué pasa en la Guardia Civil? En cuestión de semanas los agentes se han manifestado en dos ocasiones, han protagonizado una huelga de 'bolis caídos' (dejar de poner multas), se han enfrentado (y ganado) al Ministerio del Interior en los tribunales y los líderes de sus principales asociaciones profesionales están expedientados por orden de Alfredo Pérez Rubalcaba. El Benemérito Instituto vive uno de sus momentos de mayor ebullición interna desde que en 1844 el Duque de Ahumada creara esta institución. Eso lo reconocen hasta los generales del cuerpo.


En el 'generalato', ese cónclave del que todo el mundo habla, pero en el que nadie habla con voz propia, ven estos últimos movimientos como una "ofensiva" para conseguir la "desmilitarización" y hablan de asociaciones laborales que intentan ejercer como "sindicatos que no son". Su discurso es el mismo, el de siempre: "la Guardia Civil es un cuerpo militar. Si alguien no quiere ser militar que no pida ingresar en una institución así. Son las reglas. A nadie le obligan. Hay una ley y unos cauces para expresarse como el Consejo de la Guardia Civil y nosotros, más que nadie, estamos para cumplir la ley", explica desde su despacho de Madrid uno de los más altos responsables del cuerpo.


Desde el otro lado -asociaciones, funcionarios, expertos en seguridad y políticos.- ven muchos más matices a la hora de responder a la pregunta de "qué está pasando". Hablan de un cambio generacional por la entrada masiva de nuevos agentes en los últimos concursos públicos que nada tienen que ver con los 'hijos del cuerpo' de antaño y que quieren tener condiciones laborales similares al resto de los trabajadores; de la eclosión de asociaciones en una institución poco dada a la diversidad de colores (los afiliados ya son 40.000 de los casi 74.000 guardias); de órganos de representación como el Consejo que "no cubren las expectativas"; de promesas electorales incumplidas, como la del entonces portavoz parlamentario socialista, Jesús Caldera, que en la precampaña electoral de 2004 llegó a prometer que si José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba habría "una desmilitarización gradual " del cuerpo; de una Ley de Derechos y Obligaciones de 2007 que se ha quedado en "papel mojado" a pesar de las esperanzas que había suscitado; de condiciones de trabajo draconianas sin horarios; de agravios comparativos con otros cuerpos de seguridad, en los que a veces se llega a cobrar el doble.Desmilitarización

"Pero que quede claro. Nadie está pidiendo la desmilitarización del cuerpo o cambiar el modelo policial. Estamos reclamando sólo mejoras en el ámbito laboral y el respeto de los derechos de fundamentales de unos ciudadanos que, además, son guardias civiles". El que habla es Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), el mayor colectivo laboral dentro del cuerpo con 32.000 funcionarios afiliados a sus siglas. Moya, a quien hace unos días Interior expedientó por afirmar que el Gobierno trata a los guardias como a los etarras al no autorizar una manifestación, lo tiene claro. "Esto es imparable.


Podrán descabezar a las asociaciones, pero no podrán frenar el cambio". Para el líder de la AUGC, esta efervescencia en el cuerpo es fruto del "relevo generacional" en una plantilla que la que los "oficiales de hoy y que serán los generales de mañana" también se afilian a los colectivos laborales. "Y eso le da mucho miedo al alto mando, a esos generales, que en tiempos de Franco eran tenientes, y que están acostumbrados sólo al ordeno y mando, y a los que queda muy lejos eso de discutir sobre reclamaciones laborales como se haría en cualquier otra empresa moderna".


El análisis que hace otro de los protagonistas de este conflicto es casi idéntico. Francisco García, el presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, también expedientado y asimismo promotor de la manifestación de hoy, también niega con vehemencia "el virus de la reclamación de la desmilitarización" que han propagado "desde las altas instancias del cuerpo" para "dinamitar" las aspiraciones laborales de los guardias. "Somos militares y queremos seguir siéndolo, pero con derechos, porque también somos ciudadanos y trabajadores", explica el líder de la UO. "No cuestionamos la cadena de mando. Cuestionamos el 'ordeno y mando', que es diferente". "La gente, tras años de silencio, ha comenzado a perder el miedo a apuntarse a las asociaciones y a las reivindicaciones. Es lógico. No se entiende una Guardia Civil del siglo XXI y moderna en la que los trabajadores no tengan ni voz ni voto". Y es que, según los guardias, su voz no se escucha en el nuevo Consejo de la Guardia Civil. De hecho, denuncian, la orden general de permisos y horarios que Interior aprobó el pasado jueves para intentar aplacar los ánimos ante la manifestación no se permitió que fuera votada en ese foro.


José Manuel Sánchez Fornet, el líder sindical histórico de la Policía, sigue muy de cerca lo que ocurre en el cuerpo hermano. Él vivió en primera persona la legalización de los sindicatos en la Policía en 1984 y la desmilitarización de la institución en 1986.


No quiere comparar aquellos hitos con lo que ocurre hoy en la Guardia Civil, pero ve algunos paralelismos. "Los generales de la Policía, como los de ahora en la Guardia Civil, viven con los cortijeros. Creen que esta oleada democrática les puede hacer perder poder e intenta boicotearla a cualquier precio. Y en esta contraofensiva han encontrado como aliado al Ministerio del Interior, que no duda en aplicar la mano más dura para contentar al generalato", apunta sin pelos en la lengua el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. Él también insiste. "Los guardias sólo piden condiciones dignas. Ni siquiera están planteando la desmilitarización y la fusión en un solo cuerpo de seguridad, como sí hacemos desde el SUP", apostilla.Expectativas frustradas

Sánchez Fornet no es el único que apunta sin titubeos a la responsabilidad de Pérez Rubalcaba. Como era de esperar, también lo hacen desde el PP. Su responsable de Seguridad, el diputado Ignacio Cosidó, cree que la convulsa situación es fruto de que "el Gobierno había creado una serie de expectativas y mejoras que se han visto frustradas". Cosidó, que en su día fue jefe de gabinete del director de la Guardia Civil Santiago López Valdivielso ve que en los últimos años en el cuerpo se ha vivido "un proceso de retroceso" que ha llevado a los agentes a "echarse a la calle" en tres ocasiones durante el Gobierno de Zapatero. El diputado cree que el actual Ejecutivo no ha sabido aprovechar la inercia del Consejo Asesor, el primer órgano de representación laboral en el cuerpo, que creó el Gobierno de José María Aznar.




Joan Miquel Perpinya fue el secretario general de la AUGC que convocó la histórica manifestación en enero de 2007 con 3.000 funcionarios vestidos de verde y con tricornio. Él, como otros 20 líderes de la asociación, fue sancionado por una falta muy grave por aquella convocatoria, que, no obstante, forzó a Interior en octubre de ese mismo año a aprobar la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil. Perpinya, a pesar de los desencuentros que entonces tuvo con Cosidó, coincide con su análisis. "Lo que está ocurriendo es fruto de las promesas incumplidas de Rubalcaba. Del PP no podíamos esperar nada porque no nos prometió nada. Pero Rubalcaba aprobó un cambio, una ley, precisamente para que nada cambiara y apaciguar a los generales. El ministro se ha descubierto al no aplicar la ley que él mismo aprobó. Es como poner a la zorra a cuidar el gallinero. Rubalcaba es el garante de los derechos de los guardias y él mismo es el que ordena castigar a los líderes de las asociaciones y a prohibir las manifestaciones que están amparadas por la ley que él promovió".


El análisis de José Morata es menos político que el de Cosidó o Perpinya. Él creó en 1990 el clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil. Fue a la cárcel acusado de sedición por aquella iniciativa, que, al final, le costó la expulsión del cuerpo. Morata considera que lo que ocurre es, simplemente, producto el "signo de los tiempos". "Cuando empezamos era la época dorada de la represión. Nos bastaba con darnos a conocer y no terminar en la cárcel. Hoy ha llegado ya el tiempo de exigir derechos y de exigir respeto al trabajador". "Antes estábamos solos en esa lucha y ahora, sin embargo, tenemos con nosotros a suboficiales y oficiales". "Esto es imparable, digan lo que digan los generales o Rubalcaba", vaticina el icono de la lucha sindical en este instituto militar.