TERRORISMO

Prisión para los cuatro presuntos etarras del comando Otazua

El comando Otazua participó en un total de 14 acciones terroristas, entre ellas las que costaron la vida al inspector del Cuerpo Nacional de Policía Antonio Eduardo Puelles, que fue asesinado con una bomba lapa adosada a su vehículo.

Operación antiterrorista en la que se detuvo a los cuatro presuntos etarras
Cuatro etarras detenidos relacionados con el asesinato de Eduardo Puelles
EFE. LUIS TEJIDO

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha ordenado prisión incondicional para los cuatro presuntos etarras, miembros del «comando Otazua», detenidos el pasado martes en Vizcaya, al imputarles los delitos de pertenencia a ETA, tenencia de armas y falsificación de documentos oficiales.


Tras interrogar esta tarde a Lorena López -novia de Daniel Pastor, alias 'Txirula', al que el juez ya mandó a prisión-, a Íñigo Zapirain, alias 'Aritza', y a Beatriz Etxebarria, alias 'Kot', el magistrado ha dictado un auto en el que les imputa 16 atentados.


Por ello, Grande-Marlaska dispone el envío de su auto y la declaración judicial de los cuatro presuntos etarras a los juzgados competentes con el fin de que, si lo estiman oportuno, reabran las diligencias sobre dichos atentados.


Durante su interrogatorio hoy y antes policialmente, Zapirain ha reconocido uno por uno esos atentados, incluidos los asesinatos del policía Eduardo Puelles y del militar Luis Conde, fallecidos en 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya) por una bomba-lapa bajo su coche, y en 2008 por la explosión de un coche-bomba estacionado frente al Patronato Militar de Santoña (Cantabria), respectivamente.


Etxebarria ha admitido solo policialmente su participación en los atentados.

Pruebas


Sin embargo, el magistrado explica en su escrito que numerosos efectos hallados en sus domicilios relacionan a los cuatro con los atentados que se les imputan, entre ellos una carpeta de cartón y un plano con anotaciones que les vinculan con el perpetrado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos en julio de 2009 y que dejó más de 60 heridos.


«Es significativa la presencia», en la casa de Pastor y López, «de una carpeta de cartón marrón de la copistería Calleja, sita en la Avenida del Cid Campeador número 31 de Burgos», establecimiento que «se encuentra a muy poca distancia del lugar de colocación de la furgoneta-bomba, en la cercana calle Jerez, a escasos mil metros», dice el auto.


Además, en la vivienda que ocupaban Zapirain y Etxebarria «fue incautado un plano callejero de la ciudad de Burgos» con la anotación manuscrita Sanfran/Yagüe en tinta azul, que «a todas luces, se corresponde con la intersección de la calle San Francisco con el Hospital General Yagüe, en Burgos, lugar distante poco más de trescientos metros» del sitio donde se aparcó la furgoneta-bomba.


El juez considera también que la cizalla encontrada en casa de Pastor fue «con toda probabilidad» la empleada por el comando para cortar la valla perimetral que impedía el acceso a los repetidores de Guriezo (Cantabria), el monte Arnotegi (Vizcaya) y La Población (Navarra), en los que ETA colocó artefactos explosivos en abril de 2008, en noviembre de ese mismo año y en mayo de 2009.


Asimismo, Grande-Marlaska sostiene que este comando tenía informaciones sobre potenciales objetivos de atentados, entre ellos, ertzainas, empresarios, jueces, fiscales, empresas relacionadas con el Tren de Alta Velocidad y cuarteles de la Guardia Civil.


El «comando Otazua» opera en la provincia de Vizcaya y otras limítrofes como Cantabria o Burgos, al menos desde 2006, y los cuatro miembros ahora enviados a prisión fueron captados por el integrante de la organización terrorista Saioa Sánchez Iturregi, detenida en 2007 en Francia, señala el auto.


Respecto a Lorena López, el magistrado especifica que ha acordado su prisión provisional, aún cuando el resto de los imputados no la señalan como integrante del comando ni interviniendo en los atentados reconocidos, porque fue detenida cuando se encontraba sola en la vivienda compartida con su novio en el barrio de Aperribai de Galdácano (Vizcaya), donde se incautaron pistolas, un subfusil y material explosivo en grandes cantidades.


Además, se considera que es integrante del comando con carácter permanente, «al menos en términos de facilitarle infraestructura», ya que en su otro domicilio de la calle Ollerías Bajas (Bilbao) se aprehendió documentación relacionada con la elaboración de explosivos.