La Generalitat ampliará la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para que todos los docentes sean considerados autoridad pública, condición que ahora solo ostentan los directores, y que les protegerá de agresiones como las registradas en las últimas semanas.

La reforma la ha anunciado este jueves la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, en la Comisión de Educación y Universidades del parlamento catalán, donde comparece para dar cuenta del inicio de este curso 2011-2012, que ha calificado de "normal" a pesar de los recortes de gasto de más del 7% en su departamento.

Rigau ha recordado que en las últimas dos semanas se han producido tres incidentes con padres que han agredido o amenazado a maestros de sus hijos en escuelas de Maçanet de la Selva (Girona), Constantí (Tarragona) y en un centro de la comarca del Vallès.

En el caso de Constatí, los mossos detuvieron el día 5 de este mes a la madre de una alumna por agredir a una profesora del CEIP Centcelles de Constantí (Tarragona), delante de su hija y del padre de la menor, quien también fue denunciado por amenazas.

En Maçanet de la Selva, la policía detuvo a la abuela y a la madre de un alumno de seis años del colegio de esta población acusadas de amenazar de muerte a la directora y a la profesora del niño.

La tercera agresión se produjo en una escuela de la comarca del Vallès, según ha asegurado la consellera, pero el caso hasta hoy no había trascendido.

"Queremos enviar el mensaje a la sociedad de respeto y estima a los docentes", ha considerado Rigau, recordando que la LEC ya reconoce a los directores de centros la condición de autoridad pública pero no a los docentes, una situación que ahora se quiere cambiar y que comportaría que cualquier agresión a un maestro se consideraría atentado a la autoridad.