Más condenas por corrupción urbanística

En España, ayuntamiento sigue siendo sinónimo de corrupción urbanística. Pese a que la crisis inmobiliaria ha secado la fuente de la que bebían los entes municipales, a través de la gestión del suelo urbanizable, la justicia no ha dejado de mirar con lupa estas operaciones. Las condenas por delitos medioambientales vinculados a la ordenación del territorio se han disparado y alcanzaron su techo histórico en 2009. El aumento en un año fue del 28%, al pasar de 301 a 386 sanciones, la mayoría impuestas en municipios costeros, con Andalucía a la cabeza.

El incremento de las condenas por delitos urbanísticos recoge la siembra del ingente volumen de procesos judiciales que actualmente instruyen los tribunales españoles en esta materia. El año pasado había 1.737 casos en trámite y otros 1.729 en fase de diligencias previas, según datos de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Aunque hubo sanciones a particulares, la mayor parte de las condenas escondían intereses espurios de autoridades municipales. Se trata de alcaldes, concejales de urbanismo, técnicos municipales, promotores o arquitectos cuyo nombre aparece ligado a la especulación inmobiliaria y al incumplimiento de las normativas urbanísticas para el enriquecimiento ilícito. Las cifras justifican por sí solas el espacio que ocupan en los medios de comunicación las condenas a cargos públicos.

Los delitos más comunes son la prevaricación urbanística, la prevaricación genérica, la omisión del deber de perseguir delitos o la falsedad en documento oficial. La fiscalía especializada destaca la complejidad de perseguir estos tipos delictivos habida cuenta de su singularidad: los órganos que deberían controlar estos excesos son los propios ayuntamientos, que deben hacer de "policía urbanística", como ente que gestiona la recalificación de su propio suelo urbano.

Documento marco

Algunas fiscalías provinciales ya usan como documento marco para sus investigaciones el denominado Informe Auken, elaborado por una europarlamentaria danesa en 2009 con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. El informe no vinculante pedía a las autoridades locales la moratoria de los planes de ordenación urbana que hayan sido reformados sin respetar los criterios medioambientales y criticaba la "excesiva influencia" de los promotores inmobiliarios en las decisiones de las corporaciones.

Precisamente, la Fiscalía de Medio Ambiente denuncia la falta de colaboración de los ayuntamientos y menciona que en lugares como Valencia, Sevilla, Las Palmas o Murcia los principales denunciantes son las gerencias municipales de Urbanismo, los grupos ecologistas, las fuerzas del orden y ciudadanos particulares. "La ausencia de los ayuntamientos genera un mensaje de impunidad", admite el Ministerio Público.

Otra preocupación creciente es la "inseguridad jurídica" que generan algunas decisiones de tribunales en un mismo territorio y ante un delito similar. Ocurre sobre todo en sentencias que determinan la demolición de una vivienda que ha sido construida de forma ilegal.