La Defensora del Pueblo investiga quejas sobre la atención médica a los desplazados

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha abierto una investigación de oficio ante las quejas recibidas de ciudadanos por las "dificultades" para obtener una atención médica "de calidad" en los desplazamientos temporales a comunidades autónomas distintas de su residencia.

Así lo señala esta institución en un comunicado en el que indica que Cava de Llano ha iniciado una queja de oficio ante el Ministerio de Sanidad y ha pedido que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adopte los "acuerdos necesarios" para garantizar en todos los casos el derecho de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, con independencia del lugar de España en el que estén.

Tras esta investigación, según informa la institución, se encuentra el hecho de que "persisten" las quejas que recibe la Oficina del Defensor del Pueblo por parte de ciudadanos que denuncian dificultades para obtener una atención de calidad en los desplazamientos temporales a comunidades autónomas distintas de su residencia.

A la defensora del Pueblo le preocupan tanto las limitaciones en el acceso a consultas de atención especializada, como la situación de los enfermos crónicos sometidos a un estricto tratamiento farmacológico, que en sus desplazamientos temporales a otra comunidad distinta de la que residen no pueden acceder a los medicamentos que ineludiblemente precisan.

La institución le ha recordado al Ministerio que la Ley General de Sanidad declara que el acceso a las prestaciones sanitarias debe efectuarse en condiciones de igualdad efectiva y que las políticas en salud deben orientarse a la supresión de las desigualdades territoriales y sociales.

También le ha recordado que además la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 establece el marco legal que debe presidir la coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias, en aras de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el ámbito sanitario.

La exposición de motivos de este último texto legal, según el Defensor, define la equidad como "garantía en el acceso a las prestaciones y, de esta manera, el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio, posibilitando la libre circulación de todos los ciudadanos".

Ya en el último informe anual presentado por la Defensora a las Cortes Generales, correspondiente al ejercicio 2010, se dejaba constancia del "todavía insuficiente desarrollo e incompleta implantación de determinados instrumentos necesarios para lograr sistemas de información compartidos por todos los servicios de salud", entre otros una tarjeta sanitaria y una receta electrónica comunes.

Esta situación, según la institución, "puede dar lugar a una limitación en la movilidad de los usuarios en el conjunto de dicho sistema".