El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron ayer modificar los criterios del reparto de fondos de la ley de dependencia para el periodo 2010-2013, con el objetivo de que reflejen el cumplimiento de la legislación y el número de personas ya reconocidas como dependientes. Así, como informó ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, al término del Consejo Territorial de Dependencia, la próxima distribución ya no se basará la población potencialmente (estimada) dependiente, que irá perdiendo peso hasta desaparecer en 2013.

Este año se repartirán 283 millones de euros, de los que un 56% se destinará al número de personas efectivamente atendidas -es decir, las que ya disfrutan del servicio o la prestación económica-, a los servicios de dependencia prestados y al cumplimiento de acuerdos, frente al 20% que se destinaba actualmente. El reparto se hará en función de los datos que presenten las autonomías a 1 de julio.

En este sentido, la ministra rechazó que el cambio de criterio pueda llevar a las comunidades a reconocer personas dependientes de forma masiva antes de esa fecha. "Partimos de la base de que las autonomías son administraciones serias y responsables" y están gestionando derechos destinados a los más vulnerables.

El consejo acordó por unanimidad modificar el actual baremo de valoración de las personas dependientes al incorporar un nuevo criterio: el de la frecuencia con que estas son o no capaces de realizar algunas tareas (en algunas ocasiones o la mayoría de las veces).

La ministra calificó la reunión de "enormemente productiva e intensa" y destacó el apoyo casi unánime de las comunidades al nuevo sistema de criterios, que solo ha recibido el voto en contra de la Comunidad Valenciana y Galicia, ya que aunque Madrid ha manifestado su desacuerdo no ha querido que constara en acta. El resto de comunidades gobernadas por el PP, "algunas de forma expresa" como Castilla y León, La Rioja y Murcia, así como Canarias y todas las socialistas lo han apoyado.

El acuerdo pasa también por compensar el coste de los servicios en las comunidades donde sea más caro y la desigualdad de la capacidad adquisitiva de las personas beneficiarias, y destina fondos a la formación de cuidadores no profesionales.

Una evaluación homogénea

En la reunión, la ministra informó a los consejeros autonómicos del decreto que elimina la retroactividad de las ayudas para las personas dependientes aprobado por el Gobierno para reducir el déficit público y que ya ha sido convalidado por el Congreso.

Jiménez explicó que la modificación del baremo tiene como objetivo simplificar las tareas de valoración de las personas dependientes y garantizar una evaluación homogénea entre las comunidades autónomas. Su aplicación conlleva, entre otras medidas, la elaboración de guías metodológicas para las distintas enfermedades, demencias y enfermedades neurodegenerativas, con el objetivo de que los profesionales puedan interpretarlas mejor.

Habrá un periodo de un año para adaptarse al nuevo baremo y en ese periodo se revisarán las guías.

El Gobierno y las comunidades convinieron también en impulsar una guía de buenas prácticas en la aplicación de la ley.

Por su parte, el secretario general de Política Social, Francisco Moza, precisó que la financiación general de la ley de dependencia se ha visto reforzada, de manera general, en el nuevo sistema de financiación autonómica. Además, señaló que la decisión adoptada hace unos meses de rebajar el IVA de los servicios supone una transferencia real de crédito a las CC. AA. de 77 millones este año y de más de 140 millones en 2011.