La Audiencia Nacional investiga la matanza de Ellacuría y otros cinco jesuitas en El Salvador

La Audiencia Nacional ha puesto en marcha una investigación para exigir responsabilidades penales a los presuntos autores de la matanza ocurrida en 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, donde un batallón de militares masacró a tiros a seis jesuitas, entre ellos el rector Ignacio Ellacuría, y a dos de las sirvientas.

Esta carnicería contra civiles desarmados y comprometidos en la lucha contra las violaciones diarias de los derechos humanos que se producían en El Salvador desató hace 19 años la unánime repulsa internacional y una gran indignación en España, de donde procedían el rector y otros cuatro de los sacerdotes muertos, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró. Sus autores no llegaron nunca a pagar con la cárcel porque o fueron absueltos por los tribunales salvadoreños o exonerados de toda responsabilidad poco después, en 1993, por las leyes de punto final del país centroamericano.

El titular del Juzgado Central 6, Eloy Velasco, se declaró competente para perseguir este crimen contra la humanidad y admitió a trámite la querella interpuesta el 13 de noviembre pasado contra los presuntos responsables por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y por el Centro de Justicia y Responsabilidad, con sede en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

El magistrado dirige la causa contra 14 militares a los que imputa los delitos de asesinato terrorista y contra el derecho de gentes. Entre los encausados hay cuatro ex generales, dos de ellos los entonces ministro de Defensa, Humberto Larios, y jefe del estado mayor del Ejército, René Emilio Ponce. La lista la completan dos coroneles, tres tenientes, dos sargentos, un cabo, y dos soldados.

El único denunciado que no será investigado es el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani, al que ambas asociaciones achacaban un delito de encubrimiento de la masacre por no impedir los hechos ni exigir responsabilidades pese a tener conocimiento de ellos. El juez indica que no puede ser perseguido porque en este momento «carece de base indiciaria suficiente» que sostenga la imputación y porque, además, el encubrimiento no es un delito perseguible a través de la justicia universal.

Primeras diligencias

Los querellantes mantienen que los 14 imputados son los inductores y parte de la treintena de miembros del batallón de infantería Atlacatl que el 16 de noviembre penetró sobre las tres de la madrugada en las instalaciones de la UCA y acribillaron sin contemplaciones a toda persona que encontraron a su paso.

El juez aprovecha el auto de admisión de competencia para dictar ya el primer paquete de diligencias de investigación. De acuerdo con las reclamaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ordena el envío de una comisión rogatoria judicial a El Salvador para solicitar a las autoridades una copia completa de los procesos que se siguieron en ese país contra los presuntos autores del crimen y de su exoneración penal para comprobar si es cierto que se produjo un fraude de ley.

Velasco también ordena la remisión de otra comisión rogatoria a Estados Unidos para que se tome declaración William McCollum, miembro de la delegación que envió a El Salvador en 1990 el Congreso para investigar los crímenes, y al mayor del ejército norteamericano Erick Buckland. En tercer lugar, ordena el interrogatorio de los abogados que ejercieron la acusación particular en los procesos salvadoreños contra los presuntos asesinos, Sidney Blanco y Henry Campos; del juez instructor, Ricardo Zamora; y del ex fiscal general del país centroamericano Belisario Amadeo Artiga.