La asociación de familiares de los 63 militares muertos en el siniestro ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Turquía, han explicado que el tribunal celebrará una vista para estudiar conjuntamente los recursos que las acusaciones presentaron contra la decisión de Marlaska de rechazar nuevas imputaciones.
La Audiencia Nacional estudiará el próximo jueves los recursos interpuestos hace 18 meses por las familias de las víctimas del accidente del Yak 42 en el que pedían nuevas imputaciones, entre ellas la del ex ministro de Defensa Federico Trillo, que rechazó el juez Fernando Grande-Marlaska en 2008.
Así lo han confirmado fuentes de la asociación de familiares de los 63 militares muertos en el siniestro ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), que han explicado que la sección cuarta de la sala de lo penal celebrará una vista para estudiar conjuntamente los recursos que las acusaciones presentaron contra la decisión de Marlaska de rechazar nuevas imputaciones.
El 20 de mayo de 2008, Marlaska imputó un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a cinco mandos militares: el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Antonio Moreno Barberá, el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMACON), Juan Luis Ibarreta, y los responsables de este último organismo José Antonio Martínez Sainz-Rozas, Joaquín Yáñez González y Alfonso Elías Lorenzo Taboada.
Un mes y medio después, el juez rechazó imputar a Trillo al no apreciar indicios de criminalidad en su forma de actuar porque el ex ministro no tuvo ningún papel en la contratación del avión.
Además, Marlaska no consideró que tenía que imputar a otros militares, a dos empleados de la empresa Chapman Freeborn (contratista de la aeronave) y a dos técnicos de Aviación Civil, porque entendió que "las condiciones y circunstancias de la contratación del avión siniestrado, en todo caso, gravitaban (...) sobre el Estado Mayor Conjunto (EMACON)".
Entre las personas que el tribunal, compuesto por los magistrados Ángela Murillo, Paloma González y Francisco Martel, podría imputar ahora figuran los ex jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y de Aire (JEMA) Luis Alejandre Sintes y Eduardo González-Gallarza Morales, respectivamente.
Las acusaciones también quieren que se impute a otros cargos militares, como el ex jefe de la División de Planes del EMACON Ángel Guinea y el ex responsable del Centro de Conducción de la Defensa (CECOD) José Antonio Beltrán.
Precisamente, el próximo miércoles el Tribunal Supremo deliberará y decidirá sobre los recursos presentados por la Asociación de Familiares de Víctimas del accidente del Yak-42 y por los tres militares condenados por falsear las identidades de las víctimas, contra la sentencia de la Audiencia Nacional dictada el pasado 19 de mayo.
En su fallo, este tribunal condenó al general de Sanidad Vicente Navarro a 3 años de prisión como responsable de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público por falsear, de forma consciente, la identificación de 30 de los 62 militares que perdieron la vida en el siniestro del Yak-42.
Por los mismos hechos, aunque en calidad de cómplices, fueron condenados a 18 meses de cárcel el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez.
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