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Por qué se ha abierto ahora la veda? ¿Por qué Baltasar Garzón, después de haber salido indemne de más de 40 querellas en los últimos años, corre ahora el peligro de ser castigado con años de inhabilitación que terminarán sin duda con su carrera? La respuesta es unánime: una buena parte de la profesión judicial está cansada de su estrellato, sus enemigos en los tribunales son cada vez más numerosos y, por contra, cada vez son menos sus apoyos en el proceloso mundo de las lealtades judiciales. Todos los consultados coinciden: "Si Garzón no estuviera tan solo, no estaría en la cuerda floja por muchos 'gürteles', 'franquismos' o 'santanderes' que hubiera instruido".

Una imagen -dicen- es fiel reflejo de esa soledad. Desde hace años, Garzón baja al bar de enfrente de la Audiencia Nacional a tomar el vermú y cada vez apura su vaso con menos amigos. Ya solo comparten ese momento sus colegas Fernando Andréu y Santiago Pedraz y la fiscal Dolores Delgado. Y ninguno tiene capacidad de mover los hilos de la Justicia. Lejos quedan los años del vermú en multitudes con el juez que puso contra las cuerdas a Pinochet, que procesó a Bin Laden, que encarceló a los grandes 'capos' gallegos, que encausó a los responsables de la guerra sucia del Gobierno socialista o al que postularon a Premio Nobel.

Muy cerca de ese bar, en la propia sede de los juzgados de instrucción, en el Tribunal Supremo o en el Consejo General del Poder Judicial son muchos más los jueces que toman café mientras critican sin ambages el trabajo de Garzón y que, desde luego, no se entristecen del momento harto delicado por el que pasa, enfrentado a tres querellas por prevaricación, punibles con 20 años de inhabilitación.

"Y lo más curioso es que muchos de los que menos simpatías le prodigan son los que más trato han tenido con él", explica un juez de la plaza de la Villa de París, el centro neurálgico de la Justicia en Madrid. El progresista Luciano Varela, que abrió la veda contra el juez al dar credibilidad a la querella por prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo, fue un estrecho colaborador de Garzón en 1990, cuando el entonces casi desconocido juez se atrevió con los clanes de la droga gallegos en la Operación Nécora.

En el Ministerio Público, otrora gran valedor del juez, apenas le quedan amigos. La Fiscalía General, es cierto, no acusa al magistrado en ninguna de las tres querellas, pero Garzón ha terminado peleado con muchos de los fiscales que trabajaron a su lado, como Pedro Rubira o Ignacio Peláez. Este último ha sido el gran factótum del último dolor de cabeza de Garzón: la querella por las escuchas en la cárcel a los abogados de los imputados de la Operación Gürtel.

En el Poder Judicial, el órgano que debe decidir en breve sobre su suspensión cautelar, no cae bien, "ni siquiera a los teóricos progresistas", explican fuentes judiciales. Y el juez lo sabe. Hasta el punto de que ha recusado a su ex compañera en el Gobierno socialista, Margarita Robles, de la progresista Jueces Para la Democracia (JpD).

Frente a tanta "enemistad manifiesta", Garzón apenas puede presumir de "amigos manifiestos". Los pocos que no le critican, tampoco le aman. El presidente del tribunal de la calle de Génova, Ángel Juanes, al que el instructor disputó la plaza hace un año, ya ha dicho varias veces que no es partidario de los jueces estrella.

El Gobierno, encima, ha contribuido a echar más sal en la herida abierta en el mundo judicial. La cerrada defensa de Garzón que ha hecho ha sentado "mal, muy mal" entre las altas esferas de la judicatura. "Los únicos defensores de Garzón a día de hoy están en el Gobierno, pero con el favor que les han hecho con sus declaraciones ¿quién necesita enemigos?", se preguntaban el jueves dos de los protagonistas de este culebrón.