Garzón se juega 20 años de inhabilitación

La carrera de Baltasar Garzón puede tener las horas contadas. El juez de la Audiencia Nacional se enfrenta a una pena de 20 años de inhabilitación para desempeñar su cargo si el Tribunal Supremo atiende los razonamientos de Luciano Varela, el magistrado instructor en la querella por presunta prevaricación en la investigación de las desapariciones y crímenes del franquismo. Varela resolvió que "ha lugar a proceder" contra Garzón después de que desestimara el último recurso planteado por el juez. Solo falta que alguna de las acusaciones solicite el procesamiento para que se siente en el banquillo.

El magistrado del alto tribunal martilleó ayer otro clavo en el ataúd profesional de Garzón. Dictaminó que son "innecesarias" las pruebas solicitadas por el juez para su descargo -las declaraciones de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, así como las de prestigiosos juristas de otros países- y que, por tanto, ha llegado la hora del juicio. Varela sostiene asimismo que el argumento empleado por el juez de la Audiencia sobre la existencia de "un debate jurídico" sobre "la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad" o la "interpretación de las leyes de amnistía" es una tesis que "no puede ser compartida" para justificar que asumiera la causa.

También una multa

Varela sostiene que la prevaricación imputada a Garzón por declararse competente el 16 de octubre de 2008 para investigar la causa del franquismo se encuadra en el artículo 446.3 del Código Penal, que castiga con inhabilitación profesional de 10 a 20 años y una multa de 12 a 24 meses. Hasta ahora, todos los razonamientos del instructor han sido asumidos por el alto tribunal.

Por si ese dato no fuera determinante, una de las acusaciones particulares, Manos Limpias, ya ha adelantado que solicitará la suspensión durante dos décadas de Garzón en aplicación del mismo precepto legal apuntado por Varela en su auto. Es más que probable que las otras dos acusaciones, Falange Española y Libertad e Identidad, se sumen a la petición de pena más alta posible a tenor de los puntos de vista que han expuesto hasta ahora en el proceso.

Aunque no será necesario esperar hasta que el Supremo resuelva para que Garzón cuelgue la toga. El Consejo General del Poder Judicial se reunirá el 22 de abril y decidirá sobre la suspensión. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece el cese automático en sus funciones de un juez cuando un tribunal considere que se debe proceder contra él por "delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". El caso de Garzón. Las dudas, pues, parecen ociosas.

Del escrito del instructor se desprende la convicción de la culpabilidad del juez. Sostiene que "la independencia" de un magistrado a la hora de establecer su competencia es un bien a salvaguardar, pero es taxativo al afirmar que un juez depende "solo, pero siempre, de la ley". Y en este caso había una ley de amnistía dictada en 1977 que extinguía las responsabilidades penales de los responsables del franquismo. Aspecto recordado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su rechazo a que se tramitara la causa, pero que fue ignorado por el juez.

El magistrado cree que ya hay elementos de juicio suficientes y da diez días a la Fiscalía del alto tribunal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. El Ministerio Público, si es coherente con sus actuaciones, reclamará el archivo, mientras que Manos Limpias, la Falange y Libertad e Identidad pedirán el juicio.

Garzón tiene la posibilidad de recurrir el auto, pero Varela lo desaconseja. El abogado defensor del juez, Gonzalo Martínez-Fresneda, estudia sin embargo presentar un recurso.